Tras el inicio de la pandemia, viajar tuvo que cambiar drásticamente. Las pruebas de COVID-19 se convirtieron en parte de los requisitos para poder cruzar las fronteras y los pasajeros aéreos debían realizarla al menos tres días antes para poder entrar a territorio guatemalteco.
Ante las dificultades de obtener resultados en un tiempo módico para poder abordar sin problemas el avión y con el comprobante de no tener coronavirus, las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) consiguieron que un laboratorio privado se pudiera instalar dentro del Aeropuerto Internacional de La Aurora. Desde enero de este año, esta clínica cobra USD $25 a los pasajeros para efectuarse una prueba de antígenos de COVID-19.
El laboratorio se había convertido en una opción cómoda para los viajeros y turistas que arribaban al país en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Sin embargo, algunas quejas de usuarios llamaron la atención de las autoridades.
Cristian Álvarez, diputado del Congreso de la República por parte de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO), explicó que “recibimos varios reportes que en menos de 5 minutos daban el resultado de las pruebas. Otros ni siquiera las recibían a tiempo y abordaban de todas maneras. Fuimos a ver el tipo de pruebas que hacen y nos dimos cuenta que no tenían documentos esenciales de cualquier laboratorio como patente de comercio, licencia sanitaria ni tampoco contaban con la presencia de algún químico biólogo a cargo. Muchos de los certificados que daban no tenían sellos. Allí empezamos a ver si tenían un permiso en salud.”
Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) afirmaron durante una citación en el Congreso de la República el pasado 16 de junio que el laboratorio del aeropuerto funcionaba sin autorización desde hace seis meses. Mirna Téllez, directora del Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud, comentó durante la reunión que habían recibido una solicitud de licencia sanitaria en enero de este año, pero no obtuvieron el aval. Además, el laboratorio fue sancionado con 12 salarios mínimos por laborar sin licencia sanitaria.
Álvarez mencionó que el laboratorio tampoco reportaba los resultados de las pruebas elaboradas al MSPAS. También relató que “yo visité el laboratorio para ver cómo funcionaba. Pedí ver al Químico Biólogo encargado. Este tipo de clínicas deben ser administradas por algún profesional de esta carrera o por un farmacéutico. Sin embargo, uno de los empleados me dijo que el encargado no solía llegar al laboratorio. Incluso, luego de darse a conocer toda esta situación, el Químico Biólogo que estaba encargado emitió una carta al Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala mencionando que no se hacía responsable de la situación y que dejaba su puesto.”
“La idea de tener un laboratorio allí no es mala. Es práctico y ayuda a los viajeros. El problema surge al darnos cuenta que el laboratorio no cumple con los requisitos, no está avalado y que fue designado arbitrariamente por Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil. Aunque no es ilegal, ya que no existen concursos o competencias donde varias empresas puedan participar para hacerse del espacio para el laboratorio, si genera problemas a los usuarios.” -Cristian Álvarez, diputado del Congreso de la República.
Álvarez calculó que el laboratorio lograba ingresar más de Q150 mil al realizar las pruebas de COVID-19 dentro del aeropuerto.
Argueta fue citado por Álvarez al Congreso el pasado 21 de junio y el titular de la DGAC mencionó que “el laboratorio fue para dar solución a una problemática que vivían pasajeros al no poder arribar a Guatemala al no poder conseguir pruebas de COVID-19.”
“No está basado en concursos o licitaciones, debido a que no es un producto que estemos adquiriendo. Cuando compramos un producto, seguimos la Ley de Contrataciones del Estado. En este caso, no se regula el tener que hacer una licitación como tal, ya que es un arrendamiento que una entidad va a prestar en renta un área de una propiedad del Estado” mencionó Argueta durante la citación.
“Nosotros solo manejamos un contrato con esta entidad. Esta se rige bajo el código civil. Cuando iniciamos la relación contractual, la clínica estaba en el listado de laboratorios autorizados por el MSPAS para realizar pruebas COVID-19. Allí está la empresa matriz. Si tienen que tramitar su sucursal, pues ya es un tema que lo han estado solventando y que lo deben resolver con el MSPAS” explicó Argueta. El director de DGAC también afirmó que cerca de 30 o 40 personas perdían su vuelo al día por el tema de las pruebas y esto generaba pérdidas a los usuarios y las aerolíneas.
Puedes ver la citación completa ingresando a este link.
Se intentó contactar a Argueta para conocer sobre el seguimiento que se había dado al caso. Sin embargo, el director no respondió ninguna de nuestras llamadas.
Tras las denuncias y quejas, el MSPAS clausuró el laboratorio dentro del aeropuerto “por infracción sanitaria” el 22 de junio. Álvarez recalcó que la clínica está funcionando nuevamente debido a que interpusieron una apelación. “Ahora es la ministra de Salud, Amelia Flores, la que deberá tomar la decisión de clausurar definitivamente el laboratorio o permitir que vuelva a trabajar. Yo le aconsejaría al director de DGAC que debe tratar de hacer el proceso lo más transparente posible. Esta empresa no debería volver a operar. Nos mintió 6 meses.” mencionó el diputado.