Aunque Guatemala es un Estado que protege la vida desde su concepción, ahora el Ministerio de Gobernación ha autorizado una organización que fomenta el aborto.
A priori y bajo una perspectiva simplista parece evidente que el Estado puede invertir con mucho mejor criterio los Q8.5 millones designados a una grasa burocrática que se sirve con la cuchara grande.
“Unos en la pena y otros en la pepena”, reza un refrán utilizado por nuestras abuelitas, pero que se ha convertido en una de tantas verdades absolutas y atemporales.
Sin fotos en el diario oficial, sin voz en el gobierno y a merced de un presidente que por todos los medios busca apagar su luz antes de que termine el primer año de gobierno.
El Gobierno actual se valió del Acuerdo Gubernativo 16-2017, suscrito durante la administración del impresentable Jimmy Morales, la cual creó una Comisión estratégica “ad honórem” (integrada por un ministro y tres secretarios).
Resulta inapropiado que el presidente no se haga responsable de sus declaraciones, lo más sensato es que se retracte y ofrezca disculpas, en vez de hacernos creer que le tergiversamos.
El presidente solo quiere gobernar, sin molestas pandemias, ni exigencias médicas y ciudadanas, esas que solo le quitan el tiempo. La responsabilidad ya la “ha trasladado a la población”.
Resulta ofensivo que el Gobierno publique una esquela donde lamenta la pérdida de Óscar Hernández. Los médicos no necesitan reconocimientos post mortem, necesitan insumos y salarios dignos.
El presupuesto de alrededor de más de Q100 millones asignados para atender la emergencia sanitaria, solo un 6 por ciento se ha utilizado.
El ministro del MAGA, Óscar Bonilla, presentó su renuncia.