Entidades como CAMAGRO, CACIF o CIG se pronuncian ante el estado de salud del magistrado de la CC, Neftaly Aldana, y solicitan que la Corte inicie la votación de la causal de cesantía.
Según lo establecido en la ley, es deber del Estado proteger el ejercicio de este derecho, porque al no hacerlo existe falta de certeza jurídica y los derechos fundamentales son vulnerados.
De acuerdo con Falla en los recientes fallos de la CC, se puede evidenciar que no son apegados a la ley.
Si en el clamor por la paz y “en nombre de la cruz, que no hagan más atrocidades con la espada, la toga y el botín”.
Estará vigente en varios departamentos del país. No obstante, esta situación no quita el dolor de las familias.