El pasado 15 de agosto, el diario El País de España, publicó un artículo sobre como Washington D.C., se habría convertido en el refugio de ex magistrados y fiscales guatemaltecos. Titulado “Washington, la capital de la justicia guatemalteca en el exilio”, el mismo esboza las reclamaciones de la ex fiscal general Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval ex fiscal de la FECI y la ex magistrada de la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras, entre otros. Pero esta es solo la mitad de una historia, una que dejó fuera el proceder de esta banda de forajidos que se huye de una justicia que no es la de ellos ni de nadie.
“Van a tratar de destruirme moralmente, aunque ya estoy muy afectado. La cuestión es casi darle la muerte civil a uno, desprestigiarlo, criminalizarlo…”, lamenta Sandoval desde Washington.
Según el relato de Sandoval al medio español, debió salir de prisa, sin despedirse de su familia y temeroso por su seguridad, luego de ser despedido de su trabajo como fiscal anticorrupción. Pero lo que no cuenta el artículo es como las acciones de Sandoval lo pusieron en tal situación.
Sandoval se había convertido en algo incomodo para el MP, no solo por sus investigaciones, sino que por la discrecionalidad con la que las manejaba. Así, por ejemplo, el caso de Gustavo Alejos, uno de los funcionarios más corruptos del país. Alejos fue beneficiado por Sandoval, a cambio de información sobre procesos de nombramientos d magistrados en las cortes. Sandoval también, provocó daños al patrimonio del Estado luego de negociar ilegalmente un acuerdo con la constructora brasileira ODEBRECHT. De este acuerdo el resultado fueron millonarias perdidas para el país, pues solo se le devolvió a Guatemala el pago de los sobornos que la empresa dio a funcionarios. En la componenda de Sandoval, nunca se tomó en cuenta las perdidas por pagos de intereses de los US$240 millones en prestamos que aún se están pagando.
En el artículo de El País, tampoco se le preguntó a Sandoval sobre el involucramiento de su hermano Ronald Sandoval, en una rede de tráfico de información sobre casos bajo investigación. En este proceso, también figuró la activista cubana Bárbara Hernández, pues fue a esta quien el hermano del ex fiscal proporcionaba información clasificada.
A estos casos se suman visitas irregulares a las cárceles para hablar con implicados en casos de alto impacto, manipulación de la justicia y una veintena de denuncias que se le hicieron previo a que fuera retirado del cargo. Pero de esto, El País no le preguntó nada.
“Como Sandoval, la ex fiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones Claudia Escobar, el ex fiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras se fueron de Guatemala porque sintieron que su vida estaba en riesgo y acabaron en la capital de Estados Unidos.”, sigue el artículo.
Sobre Thelma Aldana, la compilación da cuenta que salió de Guatemala días después de dejar su cargo como fiscal general, para luego pedir asilo en los Estados Unidos de Norte América. Luego de su salida, sigue el texto, el MP emitió dos ordenes de captura en su contra por casos de corrupción, los cuales a decir de Aldana fueron fabricados.
Pero lo que dejo fuera Aldana en su entrevista, fue que estos casos eran por contrataciones irregulares dentro el MP y la compra de un edificio sobrevalorado. Una de las ordenes de captura es por los delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria, autorizada por el juez Víctor Manuel Cruz del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal.
El artículo también recoge la opinión de la ex magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, otra de los exiliados en los Estados Unidos. “Advierto también un sentido de satisfacción por el deber cumplido…”, dijo Porras al medio. Un deber que le permitió dar empleo a su esposo, hijos y hermano, y colocarlos en puestos clave para tejer una red de influencias y manipular la justicia.
La red de la familia de Porras se dedicó a trabajar en el Estado y fue expuesta durante el proceso de reelección de magistrados para la CC. Esta red y una serie de denuncias, que van desde obligar al seguro social a pagar operaciones en el extranjero a sus amigos y detener procesos judiciales en contra de sus simpatizantes le valieron que su nombramiento a la CC fuera detenido.
Casos como el de su ex coordinador en la CC, Fanuel Macbanai García Morales, quien luego sería director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ejemplifican la forma selectiva de Porras de impartir justicia. García Morales quería obligar al seguro social a pagarle Q217 mil por una operación en Mount Sinai de Nueva York, cuando el mismo procedimiento se pudo hacer en Guatemala. Pero los buenos oficios de Porras, logaron que la CC ordenara al IGSS pagarle en clara violación de la ley.
Estos personajes tuvieron aciertos y desaciertos, procuraron justicia y juraron defenderla. Pero en el camino algo pasó, perdieron el norte, se creyeron intocables y llevaron su ideología a su campo de trabajo. Hoy, huyen de una justicia que no es la ellos, que por señalarlos es mejor dejarla atrás y solo decir ‘Cómo duele Guatemala’.