Foto cortesía: SESAN
Guatemala es uno de los peores países del mundo para ser menor de edad, ocupa el último lugar en desarrollo humano de Centro América y de todos los países de América Latina en vías de desarrollo. En tan solo tres meses de 2021, aproximadamente 100 niños murieron violentamente.
Por Giovanni Aldana para Mi Gente Informa
Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en lo que va de 2021, poco más de medio centenar de menores ha muerto de forma violenta en nuestro país. Casi todos los días, las redes sociales se ven inundadas con la difusión de Alertas Alba-Kenneth con la esperanza de encontrar a menores desaparecidos.
El año pasado, en plena pandemia de Covid-19, la cifra de niños con desnutrición aguda se duplicó y se reportaron más de 4 mil embarazos de niñas menores de 14 años, producto de violaciones sexuales.
No solamente estos problemas amenazan la supervivencia de los menores de edad en Guatemala, existen altos índices de desnutrición crónica y aguda, así como una cobertura educacional deficiente.
Entonces, cabe plantearse la pregunta ¿Es Guatemala un país seguro para ser niño o adolescente?
Datos reveladores
Para 2015, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ubicaba a Guatemala en el puesto 133 de 187 naciones incluidas en el estudio. Con una valoración de 0.581, se coloca en el último lugar de Centroamérica y de los países hispanoamericanos en desarrollo.
En este estudio, Guatemala reportó la tasa más alta de desnutrición crónica en el continente con un 49.8%, esto quiere decir que la mitad de los menores guatemaltecos está desnutrido.
Seis años después, esa cifra no se ha logrado reducir, por el contrario, el panorama para niños y niñas luce desalentador.
Sin estudios, el futuro se dificulta
La tasa neta de deserción escolar para 2015, según el análisis del PNUD, era: en preprimaria, 3.36%; en primaria, 3.55%; básicos y diversificado, de 4.12% y 1.45% respectivamente.
Con el encierro derivado de la pandemia por Covid-19, en el 2020, los índices de deserción escolar se dispararon. Según el Ministerio de Educación (Mineduc) en 2020 cerca de 64 mil estudiantes abandonaron los estudios en todos los niveles, ubicando la tasa de deserción en 2%.
Un dato que contrasta con el de una encuesta hecha por la iniciativa Gran Campaña por la Educación, que asegura que la deserción en 2020 podría ser hasta de un 15%.
Asesinatos concentrados en Guatemala, Escuintla, Chiquimula y Chimaltenango
Entre los lugares más inseguros para los niños y niñas, según el informe “Violencia contra la niñez y la adolescencia: Descripción de algunas prácticas de violencia a partir de registros administrativos”, presentado hace unos días por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) están los departamentos de Guatemala, Escuintla, Chiquimula y Chimaltenango.
Solamente en el departamento de Guatemala, se concentró el 39% de los homicidios cometidos contra menores, de enero a agosto de 2020, período que abarca el estudio de la PDH.
En ese mismo lapso, el INACIF realizó 108 necropsias en menores víctimas de muertes violentas, principalmente por arma de fuego. Nuevamente el departamento de Guatemala encabeza la estadística, al concentrar el 43% de estos casos.
Deuda estatal
¿Qué hace el Estado de Guatemala para proteger a la niñez? No mucho realmente. No existe una política clara que garantice la protección a los menores y adolescentes en el país.
Si bien existe un Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia, integrado por 21 instituciones que deben velar por la salud, educación, protección y desarrollo de los menores, la realidad muestra su poca efectividad.
Entre sus integrantes figuran los ministerios de Salud, Educación y Gobernación, así como los de Desarrollo Social y Relaciones Exteriores, el Registro Nacional de las Personas, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.
Allí está el estudio de la PDH, presentado el Día de la No Violencia Contra la Niñez, que revela la difícil situación que viven los menores en materia de seguridad.
Se percibe mucha debilidad de parte de los esfuerzos gubernamentales por cumplir con su obligación de proteger a los niños y adolescentes. Pareciera que no existe un plan de acción claro para este tema. Los esfuerzos no están articulados entre las distintas instituciones.
El 8 de marzo pasado, se cumplieron 4 años de la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la que 41 niñas murieron como resultado de esta falta de acción estatal.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hizo un llamado para que se retome la discusión de la iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (iniciativa 5285) que se encuentra entrampada en el organismo legislativo.
Mientras tanto, la ola de violencia contra de menores crece. Más niñas resultarán embarazadas producto de violaciones, más menores se verán obligados a migrar solos o con familiares para tratar de subsistir. Otros, tendrán que abandonar sus estudios para trabajar.
Todo esto mientras, el gobierno trata de encontrar la brújula que le permita cumplir con el mandato de preservar la vida de los guatemaltecos, especialmente los menores y adolescentes. Nuestro país, hay que admitirlo, no es un lugar adecuado para ser niño, niña o adolescente.