Por: Antonio Rodríguez para Mi Gente Informa
Analistas jurídicos y políticos ven con preocupación los riesgos que existen para la soberanía de Guatemala la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Escazú, el cual busca implementar herramientas legales que solo vendrán a entorpecer la normativa interna del país, para favorecer una ley de carácter globalista.
El 4 de marzo de 2018, en una reunión de carácter internacional dirigida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL y las Naciones Unidas, se presentó el Acuerdo de Escazú, llamado así por haber sido firmado en la región de Escazú, en San José, Costa Rica. Dicho documento, presuntamente, busca implementar en los países firmantes un marco legal en materia de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia para proteger a defensores de derechos humanos y medio ambiente.
De acuerdo a analistas políticos estas herramientas legales, pueden resultar nocivas para Guatemala, ya que los derechos que Escazú pretende proteger ya están legislados y garantizados en la Constitución de Guatemala.
En muchos casos, en especial en Guatemala, en Acuerdo genera “principios precautorios” los cuales pueden ser utilizados por oenegés nacionales e internacionales, asociaciones civiles y cualquier persona individual que se identifique como defensor de los derechos humanos y medio ambiente, para detener de manera arbitraria, ideológica e ilegal construcciones de casas, edificios de vivienda, complejos habitacionales, y puede generar también la pérdida del terreno o lugar de construcción para sus dueños, por considerar que daña el medio ambiente en áreas periurbanas y urbanas, siendo cedido a los grupos que interponen la demanda.
Ello significa que el Acuerdo podría ser una herramienta para las organizaciones que ya generan caos e violentan la propiedad privada en el país. Entonces Escazú complicaría aún más la situación que se vive en las áreas rurales del país, donde operan empresas, industrias, ganaderías, siembras de materia prima, hidroeléctricas, entre otras, ya que le daría la potestad a las oenegés nacionales e internacionales a adquirir los derechos de inversiones privadas por considerar que vulneran los derechos ambientales, pese a que las inversiones son necesarias para el desarrollo del país, generan desarrollo y riqueza, y es una práctica que se da a nivel mundial sin ningún problema.
Miembros de la CEPAL han garantizado que a pesar de que este acuerdo parece ser totalitario y globalista, únicamente busca garantizar a todas las personas, especialmente a los pueblos indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad, el ejercicio de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia. Sin embargo, ante tal argumento, los juristas señalan que estos derechos ya están contenidos en la Constitución de Guatemala, su Código Penal y su Ley de Acceso a la Información Pública entre otros, lo que vendría a generar una duplicidad de leyes en Guatemala.
Arbitraje internacional
El Secretario General de la ONU, António Guterres, destaca que Escazú menciona que “Cuando el Acuerdo entre en vigor y se aplique, los países estarán en mejores condiciones de preservar su patrimonio natural estratégico mediante acciones más inclusivas”.
La CEPAL, es la institución internacional que presiona y sigue gestionando la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en América Latina y busca que los países de la región se comprometan con el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Los impulsores esperan darle legitimidad el Día Internacional de la Madre Tierra del 2021, el 22 de abril próximo.
No obstante el Gobierno debe ratificarlo, no sin antes analizar la postura de los analistas la cual se resume en:
- El Acuerdo de Escazú abre la puerta para la toma de decisiones de las organizaciones no gubernamentales en temas de tierras, ambientales de manera arbitraria y sin respaldo, lo cual debilitará la capacidad de acción del Estado.
- Representa un riesgo para la soberanía guatemalteca, ya que la decisión en temas ambientales internos se traslada al arbitraje de organismos internacionales, minimizando el rol del Estado y su sistema de Justicia.
- Presentará dificultades para los trámites de licencia ambiental para proyectos mineros, petroleros, cultivos de palma, infraestructura individual y grupal, entre otros. En todo el mundo estas prácticas se dan, pero en Guatemala las oenegés con fines ideológicos han distorsionado, paralizado a estas empresas y han dejado sin empleo a miles de guatemaltecos.
- Puede “establecer” limitaciones en proyectos generadores de empleo y de desarrollo social, los cuales son necesarios para el progreso del país.
- Implicaría acogerse al control de cortes e instituciones internacionales para dirimir conflictos en materia ambiental e indígena, poniendo en riesgo el derecho privado y la inversión privada en Guatemala. Además tales procesos llevarían años para resolverse, lo cual provocaría estancamiento en el país.
- Pone en riesgo el derecho de los legítimos propietarios, ante cualquier señalamiento ideológico infundado.
- La legitimidad que se otorgaría a organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales para intervenir en temas de orden nacional, lo cual implicaría un alto riesgo para el sector productivo, ya que tendrían acceso a información confidencial lo que se traduce en inseguridad jurídica ocasionando una disminución de la inversión extranjera y nacional.
- Generará una nueva obligación internacional al Estado guatemalteco, específicamente en materia de defensores de derechos humanos, por lo que estará sujeto a responsabilidad internacional en caso de incumplimiento.
- Si el Acuerdo es ratificado por el Gobierno central, le dará legitimidad a las oenegés nacionales e internacionales de tener casi el mismo peso político que una institución del Estado.
Una decisión crucial para Guatemala
Guatemala firmó en agosto de 2018 el Acuerdo de Escazú, y fue socializado en talleres de parte del Ministerio de Ambiente con el apoyo del Ministerio de Relaciones Internacionales, los cuales han iniciado procesos para verificar que el acuerdo no sea lesivo para Guatemala, ya que muchos de los artículos promovidos por este instrumento legal internacional, pueden ser inconstitucionales. Falta su ratificación, la CEPAL espera que sea a más tardar la primera semana de abril, pero muchas son las organizaciones se oponen, debido a que generaría duplicidad en la legislación guatemalteca vigente, muchas oenegés con vínculos con redes criminales se aprovecharían del Acuerdo para mantener sus actividades criminales contra la propiedad privada en Guatemala, y el país pondría en riesgo su soberanía.