Para Mi Gente Informa, Carmen Rodriguez desde Washington D.C.
El presidente Joe Biden afirmó esta semana la Ley Renacer, que contempla, entre algunos temas, sanciones directas para Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega. La Ley fue firmada cuatro días después de que se realizarán las elecciones presidenciales en el país centroamericano.
Al mismo tiempo, varios funcionarios de la Administración Biden, incluido el secretario de estado, Antony Blinken, reaccionaron al resultado electoral nicaragüense, calificando las elecciones como un proceso “falso”, con el que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, solo se afianzan más del poder.
“Nadie se deja engañar por la farsa electoral del 7 de noviembre, es una dictadura que carece de cualquier mandato democrático y el debilitamiento de la democracia nos afecta a todos”, dijo en una conferencia en Washington DC, el subsecretario para asuntos del Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga.
Pero, además, el viernes Estados Unidos, junto a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adelantaron un proyecto de resolución para condenar las elecciones nicaragüenses y declararlas como ilegítimas, porque el bloque de la participación de otros candidatos debilitó el proceso electoral.
La Ley Renacer permitirá que Estados Unidos impone más sanciones a Nicaragua, que, a su vez, restringirán préstamos en las instituciones financieras multilaterales de la región y además, permite que la Administración estadounidense considere remover al país centroamericano de tratados de comercio como el del CAFTA.
El nuevo reglamento también establece otras medidas de presión y la revisión de medidas económicas para el gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Además, contempla sanciones económicas específicas para miembros del gobierno.
Poco antes de que Biden firmara la ley, Estados Unidos condenó, además, las violaciones a derechos humanos atribuidas al régimen nicaragüense y las detenciones de activistas, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, encarcelados arbitrariamente.
La Administración señaló, además, que continuará, desde la diplomacia, actuando con aliados y actores del sector privado y civil, para continuar condenando y atacando la corrupción en el país.