Para Mi Gente Informa, Marco Tulio Trejo desde Ciudad de Guatemala.
Las Asociaciones de Vecinos o Comités de Vecinos, para la administración de residenciales, se han convertido en reductos de personas aprovechadas que han visto que, con una legislación obsoleta, los deja con la libertad para hacer lo que les viene en gana con los propietarios de casas y los convierte, más que una solución, en un problema que genera conflictividad en el vecindario.
En las sedes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Mixco, Villa Nueva, Fraijanes, Santa Catarina Pinula, San Miguel Petapa y Villa Canales se han recibido más de 4 mil denuncias de abusos contra Asociaciones y/o Comités de Vecinos, las cuales son perpetradas por los mismos vecinos que se han adueñado, con el aval de las Municipalidades, de los entes que supuestamente servirían para administrar los recursos que son aportados, como mantenimiento, para lograr un desarrollo comunitario.
Las denuncias van desde cobros excesivos por mantenimiento, seguridad, agua potable, energía eléctrica -en algunos casos hasta de Q1 mil 200- , reparaciones inexistentes, pintura de áreas comunes, mantenimiento áreas verdes, venta de dispositivos de ingreso, entre otras, pero la que más se presenta es la falta de transparencia, según el libro de registros de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Javier, uno de los afectados dice: “estos abusos lo que han provocado son enemistades, incluso agresiones de los miembros de las Juntas Directivas, que con prepotencia llegan a intimidar a los vecinos que se oponen a los cobros exagerados, con abogados que hacen cobros extrajudiciales, sin tener ningún fundamento jurídico”.
Difaman a vecinos
Las directivas de las diferentes asociaciones lo que han empezado hacer, contra los que piden transparencia, es difamar y declarar “vecinos non gratos”. No es justo. Las Juntas Directivas están obligadas a entregar cuentas claras, porque manejan fondos privados, deben justificar mensualmente en un informe el debe y el haber”, señala María José ante la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Incluso se ha conocido que los vecinos afectados se acercan a las comunas, que han autorizado, sin llenar los requisitos mínimos para la conformación de estos “entes jurídicos”, que se han convertido en problemas que en soluciones. Lo que vemos es que los Departamento de Desarrollo lo que buscan es tener aliados políticos, asegura Antonio en la PDH.
Lo que sí se ha podido determinar en las quejas presentadas, es que muchos de los Comités no fueron electos en asamblea general de propietarios y los puestos los heredan a familiares, para tener continuidad en los beneficios que han encontrado al ser parte de las Juntas Directivas. “Se conocen casos en donde inquilinos (no son dueños de casa), sin tener voto, solamente voz, se convierten en los operadores de las injusticias, afirma Rosemary en su queja ante el Obusman.
Los vecinos afectados aseguran que la municipalidad es la encargada de frenar este tipo de abusos y corregir el problema, tiene la potestad de revocar los “entes jurídicos” que ellos mismos crearon, pero no existe la voluntad política para hacerlo, se ven intereses políticos. “Estamos preocupados por tantos abusos. Ya son muchas las denuncias que se conocen por las malas decisiones municipales. Es un problema muy grave”, señala en su denuncia doña Rosa Elena.
Existen reglamentos, pero no se cumplen
Aunque para muchos ha representado beneficios en la seguridad familiar vivir en un condominio, también ha implicado innumerables conflictos sociales y legales entre desarrolladores, propietarios y administradores. Lo que en un principio era haber cumplido un sueño, se puede convertir en un calvario.
De esa cuenta, cada uno de los condominios o residenciales aprueban normas y reglamentos internos, pero los primeros en incumplirlos son los de la Junta Directiva. Se habla de respeto y es lo que menos ofrecen, se tienen normas de convivencia y no las respetan, no se permiten relajos o ruidos que perturben la paz de los residentes, pero los directivos ponen música a alto volumen, a altas horas de la noche y eso provoca malestar entre los demás vecinos.
Por otro lado, plantea la necesidad de una iniciativa de ley que actualice conceptos y solucione un conflicto que afecta a miles de familias y en consecuencia, debería ser abordado desde el gobierno. En los Juzgados de Paz Penal hay muchas denuncias y las mismas siguen sin resolverse, por lo que se debe de analizar una solución que no afecte la Propiedad Privada.