Las alertas habían destacado en los grupos de chat y conversaciones entre vecinos. Codeca vendría de nuevo a la ciudad; desde cuatro puntos marcharía por avenidas principales para reunirse en afuera del Congreso y en el Parque Central.
Un día más de tránsito congestionado. De pocas vías alternas. “Prepárese con tiempo, revise el recorrido de la marcha antes de salir de casa”, recomendaban en radio y televisión.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) volvía a tirar las cartas de siempre: acción de amparo en contra de la marcha ante la Corte de Constitucionalidad. Según su presidente, José González Campo, el objetivo era impedir bloqueos y que se respete el derecho a la libre locomoción de los demás.
Pero mientras el alarido sonaba en la ciudad, en las carreteras, campesinos integrantes de Codeca se mentalizaban para un día pesado, de caminatas largas y gritos al aire. De sostener banderas y pancartas. Y buscar algún eco en la población.
Una guillotina para Jimmy
Entre la bulla de bocinas y consignas, sobresalía la demanda central del momento de Codeca: la renuncia del presidente Jimmy Morales, quien, a su juicio, “tiene vínculos con la corrupción”. Thelma Cabrera, presidenta de Codeca, asegura que el mandatario “ha sido cómplice de evasión fiscal al condonar deudas a 216 empresas cuando sigue la escasez en las áreas de salud o educación”.
A esa petición inicial, le suman que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público “investigue a Morales y su gabinete”, que “renuncien diputados con plazas fantasmas y también quienes aprobaron la concesión de obras a la firma Odebrecht”; anunciaron su respaldo al juez Carlos Ruano por haber denunciado a Blanca Stalling y pidieron “la unión del pueblo para exigir los derechos de los migrantes”.
Es la tercera vez que Codeca le exige la renuncia al presidente Morales. La primera a escasos 30 días de haber tomado el cargo; la segunda en octubre pasado. Y ahora, de nuevo el Comité apunta alto. Pero todo ha quedado en el aire.
Cabrera menciona que existe una traición del presidente al pueblo, pues “prometió luchar contra la corrupción y no lo ha hecho. Prometió combatir el transfuguismo y no lo hizo. Prometió luchar contra evasores y tener un gobierno austero y tampoco lo hizo. Entonces esperamos su respuesta”.
Que Jimmy Morales deje el cargo, para Édgar Gutiérrez, coordinador general del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPN-Usac), debe quedar a su criterio. “Él tiene la palabra. En todo caso, no sería por la demanda de Codeca, sino por que aguante o no en el cargo”, dice.
En lo que no está de acuerdo Gutiérrez es en la supuesta complicidad con las empresas por haber condonado deudas, pues “la exención de impuestos es legal, el artículo 183, inciso r de la Constitución, le da esa facultad”. Este dice que el presidente puede exonerar de multas y recargos a los contribuyentes “que hubieren incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales por actos u omisiones en el orden administrativo”.
Desde la perspectiva legal, tampoco “hay ninguna situación bajo la cual un presidente deba renunciar en el sentido de una obligación legal. Es más un tema de oportunidad política y deber ético”, comenta Juan Pablo Gramajo, constitucionalista.
Pero el presidente Morales no muestra intenciones de terminar su mandato de forma anticipada, por más que hable de rumores de golpes bien fundamentados. Y su vocero, Heinz Heinman, tampoco contesta preguntas al respecto.
La energía de todos
Otra demanda de Codeca, que de hecho es su eje transversal, es la lucha por nacionalizar el servicio de energía eléctrica, principalmente la distribución.
Anteriormente, cuando nació el Comité en 1992, su orientación era el reparto de tierras y mejoras salariales en fincas, pero con el tiempo mutó la inconformidad al tema eléctrico, por la carestía de los servicios.
Dice Thelma Cabrera que ella pagaba Q7 mensuales antes de la privatización del servicio, en 1996. “Desde entonces se fue para arriba los cobros. Ahora pago entre Q135 por un foco o dos, hasta llegar a Q700, Q800 a Q1 mil al mes. Por eso es que, a un trabajador que gana salario mínimo no le queda más que luchar para que se nacionalice la distribución de la energía eléctrica”, expresa.
Pero expropiar, según Édgar Gutiérrez, “no es factible, ni política, ni financieramente”.
Así lo entiende también el exiministro (2015) de Energía y Minas, Juan Pablo Ligorría, quien defiende la liberación del mercado y desmonopolización del sistema energético. “Sin eso, ni por asomo tendríamos el alcance de electrificación”, apunta.
Para lograrlo, añade, “habría que derogar el marco normativo la Ley de Energía de fuentes renovables. Hoy obtenemos luz de un 60 por ciento de fuentes renovables de energía. Expropiar ahora sería quitarle miles de millones de dólares a inversiones privadas y no es realista”.
Entre donantes y denuncias
La crítica al movimiento de Codeca y sus consignas radica precisamente en el tema energético. En su “resistencia”, como ellos lo llaman o “hurto”, como lo dice el sector empresarial.
De hecho, la distribuidora Energuate ha presentado 431 denuncias en contra de “personas que dicen pertenecer a Codeca, instigadores de las conexiones directas y contra quienes cobran a los vecinos por la conexión ilegal”, desde 2012 a la fecha, comenta el vocero de la empresa, Mynor Amézquita.
De las denuncias, continúa el portavoz, “se han emitido 35 sentencias condenatorias, incluido el fundador del Comité, Mauro Vay Gonon, quien fue condenado a prisión conmutable un par de años atrás”.
Por su parte, la Unidad contra el Hurto de Energía Eléctrica de la Fiscalía Metropolitana del MP, contabiliza 604 denuncias en 2016 y 55 en 2017.
Energuate calcula que la deuda de clientes conectados de forma irregular al servicio es de Q788 millones, a lo que se suman Q146 millones de las Municipalidades que no pagan por alumbrado público.
Contrario a lo dicho por Thelma Cabrera, Amézquita asegura que el promedio de cada factura en las áreas donde Codeca guarda resistencia es de Q37 mensuales más lo equivalente al alumbrado público –de lo cual no da constancia–.
Pero la presidenta de Codeca se ampara en la Constitución, pues “el artículo 44 dice que el interés social prevalece sobre lo particular y el 45 restablece el derecho a la resistencia contra infractores que violan los derechos de los pueblos”. Por eso, apunta, “la gente se declaró en resistencia y va a pagar hasta que se nacionalice el servicio”.
Codeca también es señalado de recibir financiamiento extranjero con el fin de mantener conflictividad en el país.
Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Asociación para la promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS), reafirma que Noruega “ha sido, y continúa siendo, su principal financista. Ahora esconden el origen de los recursos y es difícil seguir la pista de quién les está enviando el dinero, pero antes lo publicaban en sus páginas web, a manera de respaldo”.
Y comparte un documento que ha circulado en la web acerca de un presupuesto de 8.7 millones de euros del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego, destinados a derechos humanos, participación, desarrollo, buen gobierno y democracia. Sin embargo, la dirección del documento no encuentra datos al introducirlos al buscador.
Por su parte, Thelma Cabrera niega esos recursos provenientes del país nórdico: “es información manipulada. Nos difaman. En la actualidad no recibimos fondos de la Cooperación, mucho menos de Noruega cuya embajada dejó de existir en Guatemala”.
Aunque Cabrera acepta que Codeca recibió apoyo de Paz y Solidaridad, del País Vasco, para una investigación y publicación sobre derechos laborales en el campo, en 2013. Y asegura que el Comité se autofinancia, con el aporte de Q3 mensuales por cada uno de sus más de 90 miembros.
La escena se repite. Pareciera que cada semestre. El caos, el miedo en la ciudad. El olvido en el campo. Una jornada más, entre consignas, acusaciones, amparos y respuestas livianas que siguen su curso. Con la polarización creciente. Con la guillotina oxidada e inservible.