En las últimas semanas han surgido varías denuncias y críticas ante el pago realizado a los ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC), debido a que se hizo a pocos días de las elecciones generales, programadas para este domingo 16 de junio.
El cobro que hicieron a más de 25 mil expatrulleros en el Crédito Hipotecario Nacional, hace un par de días, fue de Q1 mil 700 cada uno. Para dicho monto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) derogó alrededor de Q50 millones, por medio del programa Bosques y Agua para la Concordia.
Este programa surgió durante la administración de Óscar Berger, donde se establecían los desembolsos a los expatrulleros por plantar árboles y cuidar fuentes de agua.
Sin embargo, debido al momento coyuntural que hay alrededor de los próximos comicios, algunos han señalado estas acciones como una manera de comprar votos. Se le atribuye al gobierno de turno, que se esté intentando persuadir a personas para llamar al voto para FCN-Nación.
Por estas acciones, ya se han presentado quejas por parte de fiscales de los partidos políticos a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Señalan, además, que el pago a los expatrulleros es una forma de comprar votos, por lo que solicitaron fiscalizar a los partidos que hacen uso de esas prebendas.
Julio Solórzano, presidente del TSE, dijo a un medio escrito que las denuncias por el pago a los ex PAC podrían tener sanciones administrativas y penales en contra de quienes resulten responsables de algún tipo de fraude. También confirmó que la Inspección General del Tribunal ya está trabajando en ello.
Además, el Ministerio Público (MP) inició una investigación de oficio por el pago a los expatrulleros, el cual se realizó con aparentes fines electorales, según informó Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, durante la presentación del Plan Operativo del MP, en el marco de las elecciones generales.
¿Voto acarreado?
Actualmente, hay registrados 450 mil asociados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), en donde también forman parte miembros de los ex PAC. Según información de dicha organización, el número exacto de expatrulleros es privada, por lo que no la pueden compartir.
José Luis Quilo Ayuso, presidente de Avemilgua, prefirió no dar declaraciones en relación con este tema.
Lo que es un hecho, es que más de 25 mil ex PAC cobraron el resarcimiento en los últimos días. Renzo Rosal, analista político, mencionó que los procesos electorales en Guatemala son demasiado frágiles, permeados por la existencia de diversas acciones que van buscando en orden clientelar aprovecharse de este evento.
“Los ex PAC utilizaron usualmente los eventos electorales para amenazar con bloqueos y así lograr sus cometidos. Ahora se han fortalecido ese tipo de prácticas, lamentablemente porque ya no hablamos solamente del grupo de los expatrulleros”, resaltó Rosal.
Según el analista, los expatrulleros están utilizando la elección para buscar supuestamente un resarcimiento económico, pero fundamentalmente es para ponerse al servicio de estructuras políticas: “Hay muchísimos elementos que señalan que este grupo está trabajando para el FCN y así beneficiar al candidato Estuardo Galdámez”.
Rosal indicó que con las últimas acciones que señalan al Gobierno y con lo que está impulsando Galdámez en ciertos lugares del país, no descarta ni garantiza que pudiera darse algún tipo de irregularidad el día de los comicios. Tampoco descarta una posible sorpresa de gran cantidad de votos para el FCN-Nación, ya sea para la presidencia o para el Congreso.
La compra de votos es un tema muy complicado. Podría ser que todos los que están recibiendo este tipo de pagos van a votar por ese partido; también es probable que en algunos casos no lo hagan y reciban el dinero por necesidad, pero al final no voten por ellos”, señaló Rosal.
Para este tema, a quien le correspondería custodiar estas acciones es al TSE; también al MP, por medio de distintas fiscalías. Por otra parte, la Contraloría General de Cuentas (CGC) también debe investigar, debido a que estos pagos se hicieron con fondos públicos, agregó Rosal.
