En la década de 1980 se acrecentó y sistematizó la violencia estatal en contra de los “enemigos políticos” de los gobiernos de turno. Centenares de personas, entre estudiantes, activistas o simples simpatizantes de los movimientos opositores al poder fueron secuestrados y desaparecidos.
Se ha documentado que muchas de las personas raptadas fueron cruelmente torturadas previo a su ejecución. Por fortuna, historias como estas son parte del pasado y aunque lamentablemente todavía se presentan algunas ejecuciones y abusos, aparentemente estas praxis ya no forman parte de una política sistemática de coacción y exterminio en contra de la ciudadanía.
Dejar atrás esta violencia estatal fue un proceso lento y doloroso, pero tras muchos años se han logrado algunas conquistas, entre estas, la creación de oficina responsable de investigar a aquellos agentes policiales que cometan abusos en contra la ciudadanía, lo que en tiempos de la otrora Policía Nacional (PN), era impensable.
No obstante, pese a estos avances, ocurren casos de excesos que deben ser investigados y judicializados. Tal es el caso del agente que disparó en contra de Edgar René Ic Pérez, un repartidor de alimentos, quien murió, en junio pasado, en la zona 6, de la capital, producto del injustificado y desmedido uso de la fuerza.
Hace un par de semanas, agentes policiales detuvieron y agredieron al periodista Sonny Figueroa, a quien intentaron inculpar con un hecho delictivo. Afortunadamente, tras una resolución judicial, el comunicador fue puesto en libertad y se ordenó una investigación en contra de los policías que propiciaron su aprehensión.
Como estos casos hay muchos otros, algunos quedan impunes y otros son investigados por el Ministerio Público y por el equipo policial creado para ese menester. En ese sentido, es necesario reflexionar respecto a estos abusos, los cuales innegablemente representan un retroceso para la per se, endeble democracia guatemalteca.
Definitivamente, este tipo de acciones representan un retroceso y nos acercan un poco a esa macabra época.
Por supuesto, de que hace 30 años el periodista Figueroa ni siquiera hubiese sido puesto a la disposición de un juez, pero su arbitraria detención es injustificable y representa un paso atrás. La ejecución extrajudicial del repartidor también es un acontecimiento que preocupa y nos hace de alguna forma revivir el terror de años pasados.
Sin importar las circunstancias y motivaciones son inaceptables los abusos de las fuerzas de seguridad del Estado, creadas para protegernos. Es por ello, que considero que este es un momento oportuno para reflexionar alrededor de estos hechos y buscar, como ciudadanía, un alto inmediato para prevenir malos ratos y evitar futuras tragedias.