Guatemala se ha convertido en un país cuasi inquisidor habitado por miles de jueces. Las redes sociales han facilitado, en buena medida, el linchamiento mediático de personas, sean o no responsables de haber cometido determinados delitos.
Mario Adán Pineda Mayorga, a quien se le puso el mote de El Payaso, fue uno de esos ciudadanos avergonzados mediáticamente, a quien se le imputaron delitos que la autoridad competente fue incapaz de probar. Días después, un linchado “payaso” fue liberado, pues un juez competente le dictó falta de mérito (no encontró indicios razonables para que quedara vinculado a un proceso penal).
Desde luego que los todopoderosos jueces de las redes sociales, que el 27 de enero le llamaron “lacra” y que pidieron se le “quitaran las manos”, no fueron capaces de corregir la plana. De la falta de mérito dictada se habló poco y el rostro de Pineda Mayorga, quedó expuesto, difundido en grupos de WhatsApp, en redes sociales y en diferentes medios de comunicación.
Hay varios aspectos que es necesario meditar alrededor de esta situación. En principio, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que las autoridades policiales “no podrán presentar de oficio ante los medios de comunicación social, a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por un tribunal competente”. La carta magna también hace mención de la presunción de inocencia.
Ambos artículos constitucionales (el 13 y el 14) son vulnerados con regular periodicidad. Las redes sociales del Ministerio Público, Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio de Gobernación postearon la noticia en Twitter como un “logro”.
Desde luego que cuando se escribió la Constitución no existían las redes sociales, pero con una simple interpretación de estos artículos podemos inferir que consignar fotografías, nombres completos y hasta motes, posiblemente inventados, representa una violación a los artículos constitucionales. Pues esta información debería ser pública hasta después de desarrollada la audiencia en un juzgado competente.
La PNC ha realizado esta práctica durante muchos años. Cuando era reportero de elPeriódico recuerdo haber encontrado en los “boletines informativos”, la fotografía de un compañero de labores, quien fue aprehendido por el delito de estafa. Desde luego que la comunicación lo hacía ver como un delincuente, pero la realidad es que él fue consignado a un juzgado porque era fiador de un familiar que tenía una deuda.
Desde luego que fue dejado en libertad y supongo que se llegó a un acuerdo para pagar la totalidad de la deuda, pero la vergüenza de haber estado en el “boletín policial”, nada la pudo borrar.
Ante esta situación resulta imperativo discutir con seriedad y profundidad respecto a la práctica de usar las redes sociales para dar a conocer capturas, previo a que los casos sean conocidos ante un juez. Dicha reflexión también debe ser acogida por los colegas periodistas, cuyo ejercicio no debe limitarse a la reproducción de un boletín policial. En todo caso es menester acudir a la audiencia y publicar la información cuando un juez haya escuchado al sindicado y se haya establecido que como mínimo existen elementos para pensar en la comisión de un hecho delictivo.
Lo cierto es que la vergüenza, el linchamiento público y la descalificación mediática hecha por los miles de jueces inquisidores en redes sociales, nadie las podrá borrar. En ese contexto ¿quién resarce a El Payaso?