Cada cuatro años los políticos que nos dirigen suelen repetir antiguas praxis. Por ejemplo, contratar a colaboradores del partido que los llevó al poder para ejercer cargos públicos o roles de asesores externos. Cada administración suele incrementar innecesariamente esa grasa burocrática que se sirve con la cuchara grande a costillas del pueblo.
La administración actual no fue la excepción y creó una burocracia absurda e injustificada que le cuesta al erario nacional Q407,750 mensuales solo en concepto de salarios, según información recopilada en la página web de la Secretaría General de la Presidencia, la cual da cuenta que en agosto pasado se desembolsó esa cantidad a favor de los 19 funcionarios que integran la referida comisión.
Los nuevos funcionarios, quienes se sirven con la cuchara grande, devengan salarios que van desde Q10,250 hasta Q42,750. De los 19, siete no perciben el bono profesional de Q375, monto que solo pueden cobrar al Estado aquellos profesionales colegiados. El director ejecutivo, Miguel Martínez, es uno de los que no reciben dicho desembolso. No es complicado inferir las razones del porqué no lo devenga.
El Gobierno actual se valió del Acuerdo Gubernativo 16-2017, suscrito durante la administración del impresentable Jimmy Morales, la cual creó una Comisión estratégica “ad honórem” (integrada por un ministro y tres secretarios).
En ese contexto la administración de Giammattei recicló el concepto de Morales y creó una versión mejorada. Mediante los Acuerdos 31-2020 y 35-2020 le cambia de nombre a la comisión, crea la posición de director ejecutivo y le da luz verde para una generosa asignación presupuestaria.
En otras palabras, crea una nueva burocracia innecesaria que le cuesta al erario nacional más de Q400 mil al mes.
La nueva grasa burocrática, que se sirve con la cuchara grande y que de acuerdo a investigaciones periodísticas está conformada por personal poco calificado y sin experiencia, ha sido puesta en tela de juicio por la Asociación civil Primero Guatemala, quienes presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra del Centro de Gobierno.
A juicio de los ponentes esta nueva institucionalidad solo duplica funciones de varias secretarías y ministerios. Lo cierto es que esta nueva institución, dirigida por un amigo cercano del presidente y ex colaborador de su campaña dilapida los recursos de un Estado empobrecido y saqueado sin arrepentimientos por aquellos que nos mal gobiernan.