El Gobierno de Guatemala, mediante la Secretaría General de la Presidencia de la República, le asignó al controversial Centro de Gobierno Q8.5 millones para su primer año de funcionamiento, de acuerdo a un reporte del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin).
Los fondos asignados no son nada despreciables para una institución de reciente creación que emplea a 19 funcionarios, los que devengan jugosos salarios que oscilan entre los Q10 mil y Q42 mil al mes, cantidad por encima del per se precario mercado laboral.
Esto con el agravante que muchos de sus integrantes, incluido su director ejecutivo, carecen de las credenciales, el expertiz y la academia para devengar esas cantidades, consideradas un lujo en un país donde el salario mínimo apenas roza los Q3 mil.
¿En qué se gasta el dinero y en qué podría utilizarse?
De acuerdo a la asignación presupuestaria, la nueva y cuestionable institución destinará Q2.5 millones para salarios de personal supernumerario, Q1.66 millones para otras remuneraciones de personal temporal, Q976 mil para personal por contrato, Q870 mil de complementos para este personal, Q327 mil en concepto de Bono 14, Q337 mil por aguinaldo, entre otros.
Además, destinará Q249 mil en equipo de cómputo, Q131 mil en papel de escritorio, Q89 mil en alimentación, Q34 mil en prendas de vestir, Q47 mil en papel y cartón, Q84 mil en combustibles y lubricantes, Q180 mil en viáticos al interior, Q155 mil en mobiliario y equipos de oficina, entre otros gastos de funcionamiento.
Tras enumerar algunos elementos del descarado despilfarro a manos llenas, resulta imposible no preguntarse ¿cómo se pudieron invertir de mejor manera esos Q8.5 millones? Las posibilidades se elevan casi al infinito, pero analicemos solo algunas.
De acuerdo a un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en 2019 el Estado de Guatemala destinó Q22.7 millones en programas destinados a la niñez y adolescencia. Es decir que el Centro de Gobierno consume en 19 personas, una tercera parte de los fondos que hace un año se destinaba a la atención de más de 2 millones de niños y adolescentes.
El mismo documento da cuenta que el Ministerio de Educación invirtió en 2018 de forma directa Q14.3 millones en la niñez y la adolescencia, cifra que no alcanza a duplicar el presupuesto designado discrecionalmente a favor de una burocracia con solo 19 funcionarios.
Ese mismo año, el Estado invirtió, mediante el Ministerio de Salud, Q1.8 millones a favor de niños y adolescentes en programas relacionados a atender la desnutrición infantil y la mortalidad materna, entre otros, una octava parte de lo asignado al cuestionado Centro de Gobierno para el año de su debut.
A priori y bajo una perspectiva simplista parece evidente que el Estado puede invertir con mucho mejor criterio los Q8.5 millones designados a una grasa burocrática que se sirve con la cuchara grande.
¿Está usted de acuerdo?