La reciente ejecución del exdiputado Manuel de Jesús Castillo Medrano, en la Granja Penal de Pavón, pone de nueva cuenta al descubierto la incapacidad de la cúpula de Gobernación y de las autoridades del Sistema Penitenciario (SP), de mantener un orden mínimo en los diferentes centros de privación de libertad.
Históricamente los centros penales en el país han sido escuelas del crimen, donde entra de todo y donde lo impensable ocurre. Es de conocimiento público que los reos extorsionan desde las cárceles, amenazan, trafican, cuentan con privilegios, entre otras aberraciones.
Todos estos sinsentidos pasan frente a las narices de las autoridades, quienes consienten este tipo de praxis y se hacen de la vista gorda, a cambio de quién sabe qué.
¿Cómo llega un arma a las manos de otro recluso? ¿Por qué puerta entra? Seguramente por el mismo umbral por donde ingresan celulares, tarjetas sims, televisores y otros electrodomésticos.
La muerte de Manuel de Jesús Castillo Medrano y la del capitán Byron Lima, ocurrida en julio de 2016 y también en otro centro de privación de libertad, desnudan la nauseabunda corrupción del Sistema Penitenciario y la incapacidad de las autoridades para ejercer controles mínimos.
Nos guste o no, los reos sujetos a una condena son individuos que deben ser protegidos por el Estado de Guatemala. Tanto Lima Oliva como Castillo Medrano se encontraban recluidos en centros penales y pagaban penas por los delitos juzgados y cometidos.
Bajo ese contexto, es inadmisible que en un centro que se supone debe estar vigilado y resguardado por el Estado permita la ejecución de reclusos.
Castillo Medrano no era precisamente un alma de la caridad, cumplía una pena de más de 200 años por supuestamente ser el autor intelectual de la masacre de unos diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano, hecho ocurrido el 19 de febrero de 2007.
No obstante, tanto él como Lima Oliva purgaban penas emitidas por los tribunales de justicia, por lo que el sistema debía resguardar sus vidas, más allá de la animadversión que estos personajes pudieran generar ante la población.
Estos dos casos solo son el reflejo de la podredumbre y la caudalosa corrupción del SP, ese que permite cualquier cosa a cambio de quién sabe qué. Recordemos que en la historia contemporánea del país han ocurrido muchos más hechos de sangre, como la decapitación del exsargento Obdulio Villanueva, vinculado con el asesinato del obispo Juan Gerardi.
Eso, sin olvidar que los autores materiales del caso Parlacen fueron masacrados en un centro penal. Este caso es una vergüenza más, como quien dice una mancha más para el tigre.