El 17 de junio, Sandra Torres, expresidenciable de la UNE, se perfilaba como ganadora de la primera vuelta electoral y aventajaba al ahora presidente electo, Alejandro Giammattei, por más de 500 mil sufragios.
Dos meses y medio después la otrora primera dama se enfrenta a la justicia, vinculada con el delito de financiamiento electoral no registrado, tipo penal, en el que supuestamente habría incurrido en la campaña 2015, cuando también fue derrotada en el balotaje por Jimmy Morales.
Giammattei ganó la presidencia el pasado 11 de agosto, impulsado por la “Sandrofobia”, en una pobre participación en segunda vuelta; la segunda menos confluida porcentualmente en las últimas dos décadas (en 1999 la participación en balotaje fue ligeramente superior al 40 por ciento, y en esta oportunidad solo el 42 por ciento de los empadronados acudió a las urnas).
La candidata de la UNE se ahogó nuevamente en la orilla y se quedó sin la añorada banda presidencial. Ayer una juez decidió enviarla al Mariscal Zavala, pero… ¿Cuál será la suerte de Torres?
El camino judicial para la excandidata
La excandidata presidencial fue puesta ayer a disposición de un juez competente, quien le hizo saber los motivos de su detención. Horas antes había sido aprehendida por las fuerzas de seguridad, en su residencia.
Más allá del rechazo que genera Torres en las capas medias y urbanas, habría que preguntarse con seriedad: ¿Era necesario realizar una detención con lujo de fuerza o pudo hacérsele una citación judicial?
Quiero manifestar que no soy simpatizante de la expresidenciable y que en un mundo ideal su candidatura debió ser rechazada, por las dudas referentes a su idoneidad y al cómo se financió durante la campaña en 2015.
Considero que no solo su candidatura estuvo revestida de sombras en el tema del financiamiento electoral, ya sea ilícito o no registrado.
De hecho, el actual presidente también es señalado por el mismo tipo penal, al igual que otros cuyas campañas fueron inyectadas por flujos de dinero y cuyo origen es desconocido.
Torres, de quien no tengo duda de que existan indicios racionales de la comisión de uno o varios hechos delictivos, fue enviada al Mariscal Zavala, a la espera de que se realice la audiencia de primera declaración, la cual fue programada para el 6 de septiembre.
No obstante, el Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva puede ordenarla un juez después de oír al sindicado, “cuando medio información sobre la existencia de un hecho punible…”, lo que ocurrirá el próximo 6 de septiembre, cuando se lleve a cabo la audiencia de primera declaración; es decir, aún no ha sido escuchada.
La legislación nacional establece que la prisión preventiva, la que aún no se dicta en contra de Torres, puesto que no ha sido escuchado en primera declaración, debe ser la excepción y no la regla.
Esta medida de coerción se solicita para delitos graves (contra la vida, narcoactividad, entre otros), cuando existe peligro de fuga y riesgo para la obstaculización de la verdad.
Me parece que el perfil de Torres no reúne estos requisitos, pues recientemente había entregado su pasaporte y se había puesto a disposición de un juzgado.
Más allá de la algarabía que generó la detención y envío a prisión (aún no preventiva) de Sandra Torres, hay que analizar desde una perspectiva jurídica y objetiva las actuaciones del sistema de justicia, que también hay que decirlo han afectado a otros personajes mediáticos.
¿Cuál será la suerte de Torres?
Ahora bien, también es necesario preguntarse: ¿Qué le deparará la justicia a Sandra Torres? En noviembre del año pasado, el Congreso de la República realizó modificaciones al Código Penal para crear el delito de financiamiento electoral no registrado, al cual se vincula a Torres, cuyas sanciones son de 1 a 5 años de prisión, es decir, penas conmutables (delitos menores a 5 años).
En ese contexto, Sandra Torres pasó un nuevo episodio de vergüenza y deberá atravesar un engorroso proceso judicial, pero no habrá mucho más de eso, pues la jugada maestra del Congreso le bastará para que pueda salir de prisión más pronto que tarde, aun cuando reciba una sentencia condenatoria.