El Gobierno de la República se opuso al ingreso de un investigador de la CICIG y un diputado exige que se retire definitivamente ese ente internacional
Con sorpresa muchos guatemaltecos vimos este fin de semana la increíble inmadurez política de la actual administración. En el Aeropuerto Internacional La Aurora, el personal de la Dirección General de Migración se negó a permitir el ingreso de un investigador de la CICIG.
Esto en una evidente desobediencia a una orden de la Corte de Constitucionalidad –CC-. La inexplicable testarudez conjunta de las autoridades del país propició acciones del Ministerio Público –MP- y de organizaciones de la sociedad civil las cuales, por separado, tomaron acciones para revertir la negativa de la autoridad competente. Finalmente el investigador pudo ingresar al territorio nacional.
La inmadurez de la clase (de la vieja) política no solo asombra sino preocupa. De todos es sabido de las diferencias de la CICIG y de la actual administración. Las razones que ha expuesto el Gobierno se relacionan al “abuso de poder” y a la “arbitrariedad” con la que supuestamente la CICIG ha dirigido algunas diligencias de investigación.
Ahora bien ¿Existe algo más arbitrario que el desconocimiento de una instrucción de la CC? ¿Existe acaso una demostración de abuso de poder más grande que ignorar un fallo de este máximo tribunal constitucional? Al parecer el accionar del Gobierno central es más criticable que los señalamientos que este ha dirigido en contra de la CICIG.
La incapacidad de la Cancillería
En todo caso la Cancillería debería asumir su poca capacidad para conciliar y en y para negociar con las Naciones Unidas los cambios y el replanteamiento de los alcances de las acciones de los investigadores. En ese contexto el “mea culpa” de la actual administración es: no haber generado una sana y armoniosa relación con Naciones Unidas que les permitiera tener un mejor margen de maniobra.
Expulsar al Comisionado sin agotar los pasos establecidos en el mandato, emitir acciones en contra de los investigadores de la CICIG y hasta desobedecer resoluciones de la CC, son algunas de las interminables muestras de la nula madurez política de la actual administración A esto se suma la selección de personal no idóneo para coordinar acciones que promuevan una mejor política exterior.
Claramente la comunidad internacional verá con malos ojos las acciones, irracionales y necias de la administración en mención. La pregunta es ¿Qué sigue? Una institucionalidad que se da el lujo de desobedecer resoluciones de la CC, compromete la gobernabilidad del país y empieza a coquetear con decisiones dictatoriales que asustan y preocupan.
A esto se suma la insensatez de un diputado de exigir la expulsión de la CICIG en el país, esto a sabiendas que los días de la CICIG están contados porque la decisión presidencial fue la de no renovar su mandato.
En ese sentido ¿Era necesario este desgaste? ¿Qué ganó el Gobierno a parte de verse como una administración arbitraria que desobedece resoluciones de la CC? ¿No se vislumbró que el investigador igual iba a ingresar? Todas esas preguntas, sin respuestas claras, deberemos hacernos los guatemaltecos de cara a este año que no trae buenos augurios. ¿Qué más podremos esperar?.