La necesidad de las personas en ocasiones las llevan a cometer actos ilícitos, uno muy común en algunas áreas del interior del país es la usurpación y robo de propiedades. Esta consiste en que un grupo de pobladores invaden tierras en lugares privados, tomándolas como propias.
La situación ha causado conflictividad en varias áreas del país, uno de los casos más recientes es el de la finca San Francisco Miramar, de Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango. En el lugar se ha formado una presunta estructura criminal, la cual se dedica a la invasión de tierras.
Pero el problema va más allá, debido a que estas personas han sido víctimas de una red de estafadores. Alrededor de 1 mil 500 habitantes, han adquirido títulos de propiedad falsos.
Entre los engaños usados es que mencionan que la finca es propiedad de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que era de sus antepasados o de antiguos empleados de la propiedad. Aunque en la región se ha informado por varios medios que las tierras no están a la venta.
Lamentablemente esta situación que inició en junio aún continúa en el área, donde las personas que creen en los engaños buscan recursos para pagar por un lote vendido de manera ilegal. Muchos siguen siendo estafados por criminales que se aprovechan de la ilusión de la gente por adquirir un lugar propio.
Se estima que la supuesta estructura criminal ha recibido unos Q15 millones por la venta ilegal de tierras.
Ante estos problemas, las cámaras empresariales de Guatemala denunciaron que la situación se agrava con el aval de algunos jueces que operan sin legitimidad. Uno de ellos es el magistrado Edwin Alberto Mis Ávila, de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Retalhuleu, quien concedió un amparo provisional de manera ilegal.
La acción detuvo el desalojo de los usurpadores, que estaba siendo ejecutada por orden de un juez de Primera Instancia. Mis Ávila fue mandatario legal de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y no cuenta con inmunidad debido a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró el derecho de antejuicio.
También es señalado como cabecilla de la estructura, el exdiputado del partido LIDER, Luis Adolfo Chávez Pérez, quien fue condenado a tres años de prisión por el delito de tráfico de influencias. “Se han presentado más de cinco denuncias por otras invasiones dirigidas por las mismas personas”, indicó Carlos Torrebiarte, director de Agroindustrias Miramar.
¿De víctimas a victimarios?
Los propietarios de la finca han estimado pérdidas de Q5 millones, pero lo más preocupante son las amenazas de muerte a colaboradores de la empresa y destrucción del medio ambiente. Debido a ello, existe la crítica a las personas que aunque han sido estafadas, están perjudicando a otros pobladores.
“Los usurpadores talan árboles, mutilan animales y roban los cultivos de café. Están causando graves daños a la propiedad. Han talado gran número de árboles de hule en producción y han robado más de tres mil equipos de recolección de látex. Además, están robando café que ya está en producción”, aseguró Enrique Cruz, representante de Agroindustrias San Francisco S.A.
También están matando búfalos de agua que se crían en la finca. La carne la usan para consumo y para venta en las comunidades cercanas. Cruz indica que los animales que no se dejan cazar, los mutilan.
Aparte de lo anterior, están talando los árboles que protegen los nacimientos de agua que dan de beber a unas 30 mil personas de poblaciones de Flores Costa Cuca. Asimismo, contaminan los manantiales y ponen en riesgo la salud de las personas.
Mientras tanto, Erick Méndez, vecino de Flores Costa Cuca y parte del Cocode de una comunidad cercana a la finca invadida, manifestó que los usurpadores están dañando y contaminando los nacimientos de agua que proporcionan el vital líquido a unas 30 mil personas.
Algunos afectados
Selvin García, colaborador de la finca Miramar desde hace 4 años, se ha visto afectado psicológicamente. Según indicó lo han amenazado de que les quitarán el trabajo cuando se apoderen de las tierras, por ello recibieron la instrucción de no caer en provocaciones, no oponerse ni protestar contra ellos.
Uno de los caporales, Henry Waldemar, quien tiene a un grupo de trabajadores a su cargo indicó que en sus más de tres años laborando en el lugar, esta es la primera vez que las invasiones son así de grandes. Explicó que llegan en grupos de 40 a 50 personas a sacarlos de donde están trabajando con amenazas de muerte, “nos dicen que nos van a quitar la cabeza”.
Uno de los representantes de la comunidad de aldea Gálvez, quien por seguridad omitió su nombre, denuncia que los invasores están contaminando con deforestación, tirando basura y matanza de ganado. Además, comentó que están siendo amenazados de que los cortarán en pedazos y tirar en costales.
