El 3 de septiembre pasado, tres soldados guatemaltecos fueron asesinados en la aldea Semuy II, municipio de El Estor, Izabal. Ante la situación, el día 4 del mismo mes el organismo Ejecutivo declaró estado de Sitio en dicho lugar, junto a otros 21 municipios.
Según el Gobierno, el objetivo de esta medida fue combatir el narcotráfico, motivo por el que los soldados se encontraban en El Estor y esa habría sido la razón del ataque en su contra”.
Actualmente, el estado de Sitio ya no se encuentra vigente, luego que no fuera ratificado el 4 de noviembre recién pasado. Además, cinco hombres y tres mujeres, pobladores de Semuy II, enfrentan una audiencia de primera de declaración por ser sospechosos de la muerte de los tres militares.
Un mes después de que concluyera la media establecida, la Coalición por la Seguridad Ciudadana y el Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (CIEN) presentaron el Análisis de los Resultados del estado de Sitio, donde dieron a conocer la situación general de estas áreas y los resultados que tuvo durante dos meses.
Los resultados
Según el CIEN, durante el estado de Sitio, 17 pistas no autorizadas (clandestinas) fueron destruidas. Se realizaron 2 mil 197 operaciones terrestres a pie y motorizadas, apoyadas por 93 vehículos militares y 222 operaciones navales (embarcaciones de la Marina de la Defensa Nacional).
Se realizaron 53 operaciones aéreas (helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea Guatemalteca)”.
Estas medidas permitieron la incautación de un contenedor con cargamento de jade sustraído de la Sierra de las Minas, junto con armamento, municiones, explosivos, vehículos y radios. También se dio el desmantelamiento de cinco narcolaboratorios, valorados en US$250 mil.
Dentro de los resultados, se inhabilitó un complejo de producción de cocaína ubicado en Lívingston, Izabal. Por aparte, fueron erradicadas 225 mil 975 matas de marihuana. Todo esto se obtuvo con el desplazamiento de 10 mil 161 personas designadas para los operativos.
En el tema de detenciones, las autoridades realizaron 851 capturas. Los delitos principales cometidos en estos lugares fueron por escándalos y ebriedad, orden judicial, portación de armas, lesiones u homicidios, agresión, robo y hurto, extorsión y contrabando.
El análisis
El reporte señala la explicación de qué es un “narcoestado”: cuando un gobierno se encuentra tan infiltrado por el narcotráfico, que ya no se puede distinguir a las autoridades de los delincuentes; o cuando se considera que existe un entendimiento en una base corrupta entre el narcotráfico organizado y el Estado en el que acontece.
El CIEN reportó que la situación general en los municipios anteriormente mencionados se da por el difícil acceso de la Ruta Nacional 7E, que va desde San Julián, Cobán, Alta Verapaz, hasta el Río Dulce, Lívingston, Izabal. Además, porque la delincuencia común asalta en los desolados caminos a los pobladores, comerciantes y distribuidores de alimentos.
Asimismo, señala que los pobladores, quienes son agricultores y recolectores esperanzados en trabajar, afirman que por años han esperado proyectos del Gobierno. Por su parte, la presencia del Estado es casi nula junto con un bajo nivel de prioridad para las autoridades, hasta que ocurre una tragedia o un hecho mediático”.
El CIEN resaltó que la ausencia de instituciones del Estado es un factor de riesgo para que miembros del crimen organizado aprovechen la situación de extrema necesidad de los pobladores para coaccionarlos a cometer hechos ilícitos. Además, persiste la preocupación en la población porque fue una medida de urgencia, pero temporal.
El reporte agrega que el estado de Sitio les dio visibilidad a las comunidades del sector, mostrando el abandono en que se encuentra el área por parte del gobierno central y municipal y la ausencia de servicios básicos de salud, energía eléctrica, educación media y vías de comunicación, entre otros.
“El estado de Sitio fue una medida acertada ante los acontecimientos, pero se necesitan intervenciones de mediano y largo plazo para reducir la vulnerabilidad de la población ante la presencia de grupos criminales”, concluye el reporte del CIEN, agregando algunas recomendaciones.
Entre ellas está mejorar la presencia institucional del Estado en el sector, a través de la priorización de intervenciones sociales y de seguridad, a fin de promover un clima de mayor confianza. Priorizar la instalación de servicios de salud, con equipamiento e insumos para las necesidades locales del área.
El consultor encargado, Ronaldo Leiva, advirtió: “La falta de presencia del Estado en los municipios donde se implementó el estado de Sitio permite que quienes se dedican a la narcoactividad se aprovechen no solo de la ausencia de las fuerzas de seguridad, sino que al no haber escuelas, empleo, puestos de salud y servicios públicos de calidad, utilizan a los pobladores como carne de cañón”.
