Al interno del Sistema Penitenciario (SP) las cosas no andan bien. La ausencia del director del sistema Rodolfo Escobar, el asesinato del activista Frank Ramazzini el pasado viernes y una serie de medidas adoptadas por la sub dirección de rehabilitación tiene a los reclusos inquietos y al sistema al borde del colapso.
Antes de ser asesinado, Ramazzini denunció el incremento en el cobro de las talachas y privilegios dentro de las cárceles del país. Unos meses antes, en mayo, un motín al interno de la cárcel de Cantel en Quetzaltenango cobro la vida de siete reclusos y semanas después el director del Sistema Penitenciario, Rodolfo Escobar salió de vacaciones fuera del país.
Desde que comenzara el período de ausencia de Escobar, las decisiones al interno del sistema han estado a cargo de la directora interina Mirna Fajardo. Pero según denuncias recibidas en este medio por reclusos y reclusas de diversos centros de detención, algunas de las decisiones de Fajardo son dirigidas por el sub director de rehabilitación Alejandro Chang.
Un grupo de reclusos, que se contactó con Relato, aseguran que las medidas de Chang rozan en lo ridículo. “Hace unos días a una señora que vendía café y panes la quitó del lugar por que decía que no tenía permiso de estar allí”, aseguran. Según el relato de las detenidas, Chang llegó hacer una ronda de visita y al percatarse de la venta, ordenó que esta fuera retirada del lugar.
Adicionalmente, aseguran las reclusas, Chang les ha dejado sin ingresos pues ha suspendido los trabajos de una serigrafía que funcionaba al interno del Centro de Orientación Femenina (COF). “Desde hace dos semanas no podemos ir a trabajar y aquí necesitamos el trabajo para comprar cosas como el papel de baño y sin ese ingreso no tenemos dinero para subsistir”, aseguran.
Las medidas adoptadas por Chang van desde la cancelación de permisos de visitas, el cierre de las ventas de productos elaborados por los reclusos y la prohibición del ingreso de personas que dirigen programas de rehabilitación. Para los y las reclusas, Chang deambula por las cárceles con una actitud prepotente y abusiva. “No sabemos cual es problema de él, pero no es justo que nos venga a quitar el único ingreso que tenemos para vivir aquí adentro, pues el rancho no es suficiente”, aseguran.
De acuerdo con la PDH el incidente por el cual se suspendió el permiso de trabajo de la Serigrafía, se originó luego de la publicación de unas fotografías en redes sociales del interior del penal. Gerardo Villamar, defensor de privados de libertad de la PDH, aseguró que se tiene conocimiento del caso y que se trabaja en una mediación para solucionar el problema. Según las reclusas, le quitaron el permiso a la serigrafía por unas fotos donde lo único que se ve son reclusas trabajando y ganándose la vida dentro del penal.
“Este señor Chang, no se que quiere, estamos aquí para pagar por lo que hicimos, no para que nos traten así y nos dejen sin trabajo, visitas y el sustento, será que quiere que nos amotinemos para que entienda”, reclusas del SP.
Alejandro Chang llegó al SP, luego de laborar como coordinador del área de análisis de la Fiscalía de la Mujer y del número 1572 del Ministerio Público (MP) en 2017. En 2020 la diputada Carolina Orellana sostuvo una reunión virtual con Chang, donde se habló sobre el hacinamiento por falta de infraestructura en las cárceles. Además. le pidió cuentas por una denuncia de contaminación de aguas servidas del agua que consumen las reclusas del centro de detención preventivo para mujeres en Los Jocotes, Zacapa.
Pero las denuncias en contra de Chang no se limitan al trabajo y condiciones de vida de las reclusas. El año pasado un incidente con un sacerdote, quien daba apoyo a los privados de libertad despertó la indignación al interno de los centros. De acuerdo con los reclusos, el sacerdote ofrecía apoyo económico para los privados de libertad y ayudaba con el pago de multas de los detenidos, pero de pronto se le prohibió la entrada al SP y su obra fue suspendida. “Mire a él no se le prohibió nada, solo se le delimitaron sus funciones”, asegura Alejandro Chang.
“Yo preferiría que esto se tratara por la vía de comunicación social, pues ya me estoy dando cuenta que esto viene de otro contexto”, Alejandro Chang.
A decir de Chang, todas las acciones que se toman dentro del SP llevan el acompañamiento de la PDH para garantizar su imparcialidad. “Siempre que se hace algo se le copia a la PDH con el fin de que haya un tercero imparcial, es por cuestiones arbitrarias y así es mejor. En este ámbito no se puede quedar bien con todos, acá lo que pasa es que quieren presionar mediáticamente”, aseguró Chang.
Al ser consultado el Procurador Derechos Humanos, Jordán Rodas, aseguró que, si bien es cierto que la visita conyugal se ha limitado por la situación de la pandemia, la misma se reanudó en abril de 2021 y que estas han tenido inconvenientes por temas de protocolos de bioseguridad. Así mismo, dijo que la Defensoría de las Personas Privadas de Libertad recomendó el pasado mayo, durante una visita “in Situ”, que se agilizaran los protocolos de ingreso para no vedar el derecho de las mujeres privadas de libertad en el COF. Sobre las otras denuncias, Rodas dijo que pediría más información sobre los temas que denuncian las reclusas y se contactaría para dar los avances de las investigaciones.
Del actual director del Sistema Penitenciario y de su regreso a las labores se sabe poco. Para conocer su versión sobre los señalamientos que hacen los privados de libertad, se le escribió por la vía de WhatsApp, y dijo que: “estoy de vacaciones, te hablo al regresar a la casa”. Mientras tanto, un SP acéfalo promete convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el gobierno de Alejandro Giammattei, donde las acciones de un mando medio, podrían desencadenar motines y una nueva ola de violencia al interno de las cárceles de Guatemala.