En los últimos meses se ha hablado de “un apagón informativo” en Nicaragua, producto de las acciones represivas aplicadas por el régimen de Ortega, que incluyen el arresto de periodistas, la persecución y censura hacia medios de comunicación independientes.
Así lo confirmó un informe preliminar elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y presentado de forma virtual ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría de libertad de Expresión y representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El informe incluye los testimonios de periodistas, directivos de medios, dirigentes de la oposición, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica.
En su intervención, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, aseguró que comprobaron una grave degradación de los derechos humanos y que el gobierno desprecia la legalidad, desconoce y avasalla los principios de debido proceso y de presunción de inocencia, y arrasa con otros derechos fundamentales de las personas, como las libertades de expresión, de prensa, de circulación y de reunión.
Jornet denunció que los periodistas nicaragüenses son citados e interrogados sobre cómo consiguen información, cómo la procesan y cómo la difunden, lo que revela que se busca generar autocensura y callar todo cuestionamiento al poder.
Las denuncias de la censura aplicada a la prensa en Nicaragua no son nuevas. En su informe del mes de junio, el periódico nicaragüense La Prensa, denunció 44 violaciones a la libertad de prensa, con 41 víctimas.
El documento detalla que durante mayo y junio de 2021, aumentaron en gran escala y con altos niveles de violencia y hostilidad estatal las violaciones a la libertad de prensa, y que la Ley Especial de Ciberdelitos, en vigor desde el 30 de diciembre de 2020, es la principal amenaza jurídica con la que el gobierno busca intimidar a directores de medios, directores de programas y reporteros de todo el país.
De acuerdo al gremio periodístico independiente, la Ley amenaza la libertad de prensa, criminaliza al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas. A esta Ley también se le cuestiona que deja en manos de las autoridades judiciales la definición de dos conceptos claves para su aplicación: información falsa (fake news) y la información tergiversada.
Actualmente el régimen de Ortega mantiene bajo arresto a los periodistas Miguel Mendoza, capturado el 21 de junio 2021 y a Miguel Mora Barberena, candidato a la Presidencia de Nicaragua por el opositor Partido Restauración Democrática (PRD). Mora, es fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100 % Noticias, clausurado por el Gobierno de Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
Es la segunda vez que el periodista es detenido. La primera fue el 21 de diciembre de 2018, cuando fuerzas gubernamentales allanaron la televisora y arrestaron a Mora y a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau. Ambos pasaron casi seis meses en prisión acusados de “incitar al odio”.
Bajo arresto se encuentra también Pedro Joaquín Chamorro Barrios, periodista, exdiputado y hermano de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro.
En el último mes el Gobierno en ejercicio ordenó allanar de forma ilegal la casa de Carlos Fernando Chamorro, también hermano de Cristiana Chamorro y director de la revista El Confidencial. Ni Chamorro, ni su esposa Desiré Elizondo se encontraban en la vivienda. Carlos Fernando Chamorro anunció que, junto a su esposa, debieron exiliarse por segunda vez en los últimos tres años, con el objetivo de resguardar su libertad.
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