La pandemia golpeó fuertemente a comerciantes, trabajadores y dueños de negocios de la región de Río Dulce en Izabal. Desde febrero de 2020, la SAT ha implementado una política de cobros y extorsiones a comerciantes, que ha resultado en una crisis económica para miles de familias.
Durante el gobierno de Jimmy Morales, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), trató de obligar a dueños de barcos a pagar impuestos de propiedad. Pero muchos de los navíos que atracaban en la zona, tienen bandera estadounidense y no estaban sujetos a este pago, pues ya lo hacían en su país de origen. Luego de explicarle a las autoridades la no viabilidad de esta medida, el propio Morales ordenó que se dejara sin efecto el pretendido cobro.
En el gobierno de Morales, al frente de esta cruzada, estaba Silvia Waleska Marroquín Asteguieta, jefa del Departamento de Inteligencia Aduanera. Hoy Marroquín Asteguieta ha vuelto a la carga y ha convencido a las autoridades de la SAT para que de nuevo se impulse esta disposición en el área de Izabal. Allí comerciantes, dueños de negocios y propietarios de embarcaciones la denuncian por acoso fiscal.
Marroquín Asteguieta ha sido denunciada públicamente por dirigir una estructura, desde la SAT, dedicada al contrabando y trafico de sustancias. El 29 de julio de 2018 y el 7 de octubre del mismo año, el diario elPeriódico publicó dos notas donde acusó a la funcionaria Marroquín de la SAT, de permitir el paso de productos sin el pago de impuestos y de dirigir una estructura que facilita el trasiego de drogas, ingreso de productos sin pagar impuestos desde su posición en el gobierno. Incluso, asegura elPeriódico, presume de tener inmunidad pues sus negocios salpican a altos funcionarios del Ministerio Público.
Según los denunciantes, Marroquín trabaja muy de cerca con Elder Hernández, de la Unidad de Análisis e Investigaciones de la Intendencia de Aduanas. Los denunciantes, quienes tomaron fotografía del carnet con que se identifica Hernández, aseguran que esta dupla intenta pactar coimas a cambio de evitar denuncias penales por defraudación. “Vienen aquí y nos dicen que, si les damos mordida, la cosa va a caminar bien, pero que si no lo hacemos nos va a ir mal”, asegura un denunciante que pide reserva con su identidad por miedo a represalias del dúo.
“Ella viene aquí con un montón de gente y nos dice que si no pagamos impuestos que vamos a ir a la cárcel, pero que impuestos vamos a pagar si aquí ya nadie viene”, relata el dueño de un restaurante del lugar”.
Para conocer la versión de la SAT, RelatoGT se comunicó con Fabian Galindo, del departamento de comunicación de SAT, y se envió una misiva con preguntas directas de las acusaciones al propio Superintendente, Marco Livio Díaz (esta se puede ver al final del reportaje).
En varias ocasiones se les solicitó a las autoridades su versión sobre las denuncias que vecinos hacen en contra de Marroquín y Hernández; así como el contacto con ambos personeros para conocer sus versiones ante las sindicaciones que se les hacen. Lamentablemente, ninguna de las autoridades respondió a los cuestionamientos ni tampoco enviaron sus contactos para localizarles. Esta es la razón por la que e no se pudo conocer la contraparte Marroquín y Hernández sobre los señalamientos en su contra.
Golpe certero a la economía local
Para otros, como el propietario de una marina que, en los buenos tiempos recibía unas 300 embarcaciones al año, la cosa no pinta bien. Desde 2020 la SAT ha comenzado a levantar un inventario de las naves privadas que estaban en el Río Dulce, con el fin de obligarlas a pagar impuestos en el país. “Y en contra de los acuerdos internacionales, comenzaron a exigirles el pago de impuestos”, asegura el propietario. Cosa que según este es ilegal, pues los barcos tienen bandera de los Estados Unidos y pagan sus impuestos allá.
Acá en Guatemala, por los acuerdos internacionales, los barcos podían estar por períodos de hasta dos años. Pero con las nuevas medidas de la SAT se han ido, asegura. “Muchos no pueden pagar los impuestos, pues sus embarcaciones pagan tributo en el país que les da la bandera para navegar o simplemente están a nombre de una empresa que les dio el financiamiento para la compra. Lo que están haciendo es matando el turismo en el lugar”, reniega.
“De diciembre a la fecha se han ido unas 50 embarcaciones y ya no volverán, prefieren irse a lugares como Belice y Roatán, donde no les extorsionan y quieren obligarlos a pagar impuestos totalmente ilegales”, propietario de Marina.
El éxodo, que comenzó en diciembre, ha traído ya consecuencias para la economía local. Pues cada una de las embarcaciones emplea hasta cuatro personas en su mantenimiento y cuidado. “Mire al no haber embarcaciones, no hay trabajo y sin barcos la gente ya no viene y si no vienen hay crisis”, asegura.
En el caso de la marina, propiedad del encartado, las perdidas suman ya varios cientos de miles de quetzales, no se diga los empleos que se han perdido. Tapiceros, carpinteros, mecánicos se han quedado sin ingresos por las medidas adoptadas por el gobierno. Y el comercio local ha sentido la baja.
Por ejemplo, asegura el empresario, cuando una de estas embarcaciones se prepara para salir al mar el motor de la economía local se mueve. Algunas cargan hasta Q30 mil en combustible para el viaje y contratan los servicios de personal local para la travesía, sostiene.
Con el fin de solventar la situación, los dueños de negocios relacionados con barcos, propusieron al gobierno el pago de un impuesto de circulación anual. Este podría haber representado hasta US$8 mil por barco para el Estado, pero este negó la solicitud, asegura el empresario.
Lázaro Zamora, Diputado UNIONISTA expone situación de pérdidas y crisis económica en Río Dulce ante Superintendente de SAT
Para el diputado Lázaro Zamora, del partido Unionista, lo que se está provocando con estas medidas adoptadas por la SAT es un éxodo de barcos que se están yendo a países como México. Por otro lado, asegura que, “ellos (SAT) no han dimensionado el problema que se creo con estas medidas”, sostiene. Según el diputado lo que se perseguía es la recaudación de impuestos, pero en este caso no aplica. Ellos presuponen que deben de pagar impuestos, pero los barcos entran y salen, y tienen un tiempo para permanecer en el país, sostiene.
De acuerdo con Zamora, él le pidió una cita al superintendente de SAT, Marco Livio Díaz, para tratar el tema. En dicha reunión estaba también el ministro de finanzas, y se les expuso la situación. A decir del diputado, los funcionarios no se habían percatado de la situación que dichas medidas provocaron y ahora deben de tratar de rectificar la medida, sostiene el parlamentario.
“Quedamos en volvernos a sentar para ver los avances en el tema, aunque ellos insisten en qué todos deben pagar impuestos, pero no estoy de acuerdo con lo que dicen, pues no es aplicable la medida”, Lázaro Zamora.
Superintendente de SAT evade responder sobre sindicaciones de extorsiones y amenazas de funcionarios de SAT
En conferencia de prensa, el pasado jueves, el intendente de la SAT Marco Livio Díaz aseguró que las medidas implementadas no han tenido impacto alguno en el turismo de Río Dulce. “Hemos verificado y no es cierto que el turismo se haya visto afectado”, remarcó. Además, aseguró que se le está pidiendo a los dueños de yates que paguen sus impuestos como los pagan todos, o que retiren sus naves de Guatemala.
“Nos están calificando de acosadores, pero la verdad es que a nadie le gusta pagar impuestos”, Marco Livio Díaz.
Hoy las embarcaciones de turistas y con bandera estadounidense han optado por irse a puertos más seguros. Allí donde las leyes se respetan y las reglas del juego son claras. Grandes yates como los de Tommy Hilfiger, John Travolta y grandes empresarios ahora atracan en lugares como Cancún, Roatán o Belice y dejan por un lado al Río Dulce.
En la conferencia de Prensa, el Superintendente Díaz, solamente se refirió al tema de los impuestos de embarcaciones; sin embargo no respondió sobre las sindicaciones que los pobladores hacen a los personeros de SAT.
RelatoGT intentó en varias ocasiones, conocer las medidas adoptadas por la entidad SAT ante las denuncias contra Marroquín y Hernández de amenazar y extorsionar en las marinas, hoteles, restaurantes y vecinos del área de Río Dulce e Izabal. Sin embargo, no obtuvimos respuesta ni del Superintendente Díaz ni del vocero Galindo de la SAT. Adjuntamos la misiva con las preguntas que hoy siguen sin responderse ante los cuestionamientos que se han realizado a funcionarios de SAT.
