La crisis generada por la pandemia del COVID-19 ha puesto en el ojo del huracán a los sistemas, instituciones y autoridades de salud. Un nuevo repunte de casos de coronavirus provocó una saturación en los servicios hospitalarios para la atención de pacientes positivos al virus.
La escasez de vacunas contra el COVID-19 y el lento proceso de administración de dosis ha generado una pregunta y crítica en común dentro de la población: ¿en dónde están las vacunas? El malestar se hizo notar en las redes sociales y organizaciones civiles, que pedían un paro nacional para manifestarse contra el gobierno de Alejandro Giammattei por el mal manejo de la crisis sanitaria, convirtiéndose en el principal tema en tendencia.
Encabezados por la petición del procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, más de 200 organizaciones firmaron un comunicado exigiendo la renuncia de Giammattei de la presidencia de Guatemala. “Es inaceptable su falta de interés por abastecer a los hospitales y su indiferencia ante las muertes diarias de guatemaltecos y guatemaltecas por la pandemia. Desde que asumió la presidencia se ha dedicado únicamente a cooptar las instituciones de justicia para proteger a los corruptos y poder actuar con absoluta impunidad” explica la carta realizada por entidades como Acción Ciudadana, Acción Colectiva, Alianza Política Sector de Mujeres o Alianza por las Reformas.
Amelia Flores, ministra de Salud, también encabeza parte de las quejas ante la escasez de vacunas. El acuerdo firmado con la entidad Human Vaccine para la adquisición de 16 millones de dosis de Sputnik V resalta un costo de Q614 millones pagados al Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF). Sin embargo, hasta la fecha solo han sido vacunados 806 mil 729 personas con la primera dosis y 163 mil 454 han obtenido el esquema completo. En total, 970 mil 183 vacunas han sido administradas. A pesar de haber pagado ya el 50% de las dosis necesarias, Guatemala solo ha recibido 350 mil vacunas Sputnik V.
Mientras la vacunación se encuentra estancada, el repunte de casos de COVID-19 afecta a la población guatemalteca. Solo entre los primeros cuatro días de julio se han reportado 6 mil 96 pacientes positivos por coronavirus.
Además, distintos centros de vacunación se han visto frenados ante una escasez de dosis, a pesar de ya haberse desembolsado más de Q614 millones para poder inmunizar al menos al 50% de la población de Guatemala. El Ministerio Público (MP) ha investigado irregularidades e ilegalidades dentro del contrato firmado por el MSPAS con Human Vaccine. Primero, la Contraloría General de Cuentas (CGC) realizó una denuncia el pasado 2 de julio contra Flores por la compra de vacunas, asegurando que se hace referencia a tres hechos importantes como. El primero, por “no garantizar o asegurar que el contrato va a tener los efectos establecidos, no se tiene conocimiento de qué garantías hay. Segundo, la Ministra de Salud Pública y Asistencia Social se excusa de no dar información del contrato por haber suscrito un convenio de confidencialidad, el cual no ha presentado. Tercero, el aspecto de firmar un contrato cuando le compete a otro ministro representar al Estado en temas de suscripción de documentos entre Estados” explica la CGC.
Este lunes, el MP se sumó a las denuncias, ya que Flores y el MSPAS se niegan a revelar el contrato realizado con Human Vaccine. Según ha manifestado la ministra de Salud en distintas citaciones al Congreso de la República, “no se puede brindar una copia debido a que existe un convenio de confidencialidad firmado.”
Entre los documentos solicitados por la Fiscalía contra la Corrupción del MP destacan la copia de pago y soporte del contrato, datos sobre las negociaciones y personas representantes que integraron las negociaciones por parte de Human Vaccine.