En días pasados se realizó el webinar “Reformas al Sistema Político Electoral” organizado por la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP), la Asociación de Amigos del País, la Alianza en Defensa de la República (ADER), el Centro de la Defensa de la Constitución (CEDECON), el Observatorio contra el Contrabando y la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB).
En el foro virtual participaron Alejandro Maldonado Aguirre, ex presidente de la República de Guatemala y ex diputado constituyente; Mario Fuentes Destarac, directivo de la CGP; Gabriel Orellana, abogado constitucionalista; Stuardo Ralón, Presidente de Cedecon, y Alfonso Cordón, de Ader, y como moderador Luis Ernesto Rodríguez.
En la actividad se analizaron algunas falencias que, a criterio de los participantes, posee la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP) tanto desde su creación, como originadas por distintas reformas posteriores. Esto bajo el contexto de una nueva iniciativa de reformas enviadas al Congreso de la República por la actual magistratura del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Los participantes en el foro expresaron su preocupación porque la propuesta, lejos de blindar el sistema y fomentar buenas prácticas democráticas, pareciera favorecer el transfuguismo y flexibilizar las sanciones a posibles infracciones políticas.
Alejandro Maldonado Aguirre
En su intervención Alejandro Maldonado Aguirre explicó que la LEPP ha sido de las leyes más revisadas en la actual era democrática y expresó su preocupación que no se le ha dado la debida importancia a temas como al control del financiamiento de los partidos políticos. Mencionó que esta iniciativa de ley no ha sido socializada de manera efectiva y poco se sabe sobre su contenido.
“No sabemos si va hacia la depuración, a la ética electoral o si va a buscar rutas para desviar la investigación sobre la procedencia de los recursos”, comentó.
Mario Fuentes Destarac
Mario Fuentes Destarac dijo que es inconcebible que dichas reformas a la ley, estén en manos de los mismos partidos políticos. “Obviamente, estos buscan satisfacer sus intereses y no los de la población. Hemos estado condicionados a que sea el Congreso quien haga las reformas cuando son sus integrantes quienes participan en los procesos electorales”, dijo.
Agregó que temas como el de la propaganda anticipada, que en la actualidad sanciona cualquier tipo de debate político, debe ser corregido para permitir el libre juego de opiniones. A su criterio, la actual iniciativa no contempla modificaciones a este respecto.
Gabriel Orellana Rojas
Otro de los expositores, el constitucionalista Gabriel Orellana, coincidió en que debe tratarse acerca del tema de la campaña anticipada: “A nadie debe negársele el derecho a ser inscrito a un proceso electoral. Si se hace, se viola la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual garantiza que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de votar y ser electo”.
Stuardo Ralón
En su intervención, el también constitucionalista Stuardo Ralón explicó que la cantidad de reformas que se le han hecho a la LEPP no ha garantizado una mejor calidad en el actual sistema electoral. “Ha existido un daño a la credibilidad del TSE, al punto que estamos en un momento crítico”, resaltó.
También estuvo de acuerdo en que el tema del financiamiento es quizás la prioridad en las reformas. “Tiene que haber límites pero también capacidad de fiscalización”, afirmó, al tiempo de abogar por que se revise el tema de la campaña anticipada, pues considera que solo por medio del debate político se puede dar un ejercicio democrático transparente.
Alfonso Cordón
Mientras tanto, Alfonso Cordón aseguró que las reformas deben estar encaminadas a fortalecer la institución electoral mediante la modificación de las normas. “Hay que darle credibilidad al sistema político, regular de mejor forma a los partidos no solo desde el punto de vista financiero sino también como estructuras políticas”, aseguró.
Dentro de las conclusiones del foro, los participantes indicaron que las reformas al sistema político de Guatemala son vitales para el fortalecimiento de la institucionalidad y para la propia vida democrática del país.
Las reformas político-electorales deben forzar a que todos los esquemas viabilicen y permitan una mayor y mejor participación ciudadana, no solo en el proceso electoral de cada cuatro años, sino también una participación más activa y permanente a través de las organizaciones políticas.
Es vital que el proceso de las reformas a la LEPP tome en consideración la voz de la ciudadanía pues en la medida en que se privilegie la participación ciudadana, se fortalece el sistema político electoral.
