El silencio del gobierno de Daniel Ortega tiene intranquilos a los empresarios centroamericanos. Desde que en 2015 este ordenara la expropiación de la planta de gas licuado, de la empresa TOMZA, sin previo aviso la intranquilidad se ha asentado en el istmo. Y no es para menos, una inversión de US$4 millones ha quedado en el limbo y el silencio de Ortega tiene en vilo a los inversionistas de toda la región.
Para 2015 todos los tramites y papelería legal estaban en orden. Licencias, permisos y la venía del gobierno apuntaba a que era cuestión de tiempo para que la producción comenzara. Con un 90 por ciento de avance, la obra sería concluida en poco tiempo y comenzaría a operar. Pero algo cambió en la dirección del gobierno y en junio de 2016 el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua (MARENA), ordenó la suspensión del permiso para construir.
Efectivos de la policía nicaragüense acordonaron el área y sin dar explicaciones expropiaron la millonaria inversión. “Al personal de TOMZA se le restringió el acceso y fueron las autoridades quienes tomaron el control de las instalaciones”, relata un colaborador de la empresa.
“Nos enteramos por un guardia de nuestra empresa, que estaba apostado a las afueras de la planta, que de la noche a la mañana comenzaron a pintar las instalaciones con los colores de PETRONIC, la estatal nicaragüense que creemos tomó el control y se apropió de la misma”, personero de TOMZA.
De acuerdo con su página de internet PETRONIC tiene como objeto la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos, y otras actividades afines.
Pero la expropiación oficial de la planta el pasado marzo, por parte del Estado nicaragüense, ha despertado la inquietud de los grandes capitales de la región. El 7 de mayo la Federación Centroamericana de Cámaras de Industria (FECAICA) ha comenzado a pedir respuestas al gobierno de Ortega.
En un comunicado FECAICA expresó su preocupación par la falta de información sobre lo sucedido con el caso TOMZA. La organización asegura que el caso es de suma importancia y debe ser esclarecido, pues no saben qué empresa pueda ser la siguiente víctima de este proceso de nacionalización de activos. Según FECAICA, a los abogados de TOMZA en Nicaragua no se les ha proporcionado información sobre lo sucedido y el gobierno tampoco ha dado una postura oficial. Desde Guatemala, los abogados de la empresa se han movilizado y activado los acuerdos comerciales con Nicaragua para proteger la inversión guatemalteca en dicho país.
“Al momento no han dejado ver el expediente y mantienen silencio sobre el tema”, asegura un personero de TOMZA.
A decir de los colaboradores y las cámaras involucradas, la situación de TOMZA en Nicaragua es delicada y no debe ser tomada a la ligera. “Lo más preocupante es que los empresarios en Guatemala aún no han dado una postura sobre la expropiación, y esto podría pasarle a cualquiera de ellos”, asegura.
El caso de TOMZA viene a sumarse a una ola de expropiaciones que el gobierno de Daniel Ortega ha implementado. En 2018 medios de comunicación, como 100% Noticias y Confidencial de Nicaragua, fueron cerrados por instrucciones del propio Ortega. Los edificios y los activos de las empresas pasaron a formar parte de los bienes del Estado nicaragüense, y al igual que con TOMZA, un cordón de policías tomó el control de los medios.
Entre tanto PETRONIC y su recién pintada planta, mantienen alejados a los trabajadores de TOMZA. Han dejado sin trabajo a 235 personas, se apropiaron de una inversión de US$4 millones y pueden agregar a sus objetivos la expropiación de capitales extranjeros.