La Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) desde hace dos años enfrenta una batalla para recuperar su finca Medio Monte, ubicada en Palín, Escuintla. Esta fue invadida por un grupo de personas en marzo de 2018, que se apoderó de una parte conocida como “el Quetzal”.
“El grupo adujo tener derechos ancestrales, que se identifica como una raza maya pocoman de Palín, Escuintla”, dijo Gustavo Taracena, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC, en la presentación del tercer informe de la Asociación Civil en Defensa de la Propiedad Privada y contra el Prevaricato (ACDEPRO).
Las autoridades de la USAC colocaron una demanda ante el Ministerio Público (MP) el 21 de marzo del mismo año, a la que meses después adjuntaron nuevamente otra denuncia por una segunda invasión, el 27 de noviembre de 2018. Todo esto con la esperanza que las autoridades los apoyaran y así recuperar la finca que es utilizada desde hace 50 años por la universidad para estudios experimentales de las carreras de Medicina Zootecnia y Agronomía.
“Se hizo la denuncia penal de las áreas, todo por la vía legal, se trató de platicar y consensuar con ellos, pero en ningún momento quisieron llegar a un acuerdo. Tuvimos reuniones con el Fondo de Tierras, Derechos Humanos, INDE, MP, pero no ceden a ninguna negociación, se les ofreció ayuda para que consiguieran tierra, pero nada. El MP pide más y más cosas y aunque lo tengamos en orden no se avanza”, expresó Taracena.
El Comité de Unidad Campesina (CUC) ha respaldado a la comunidad poqomam para que se cumplan los supuestos derechos que tienen por las tierras de la finca.
“Las autoridades de la USAC plantearon una denuncia, por lo que el Ministerio Público, actuando bajo el principio de objetividad, ha decidido la realización de un estudio que permita determinar la verdad sobre posesión de esta propiedad ancestral. Por esto, resulta incoherente que las autoridades universitarias emprendan acciones en nuestra contra y ejerzan presiones ilegales e injerencia en el actuar independiente del Ministerio Público por medio de comunicados públicos”, mencionaron en un comunicado en redes sociales.
El MP pidió que ambas partes presentaran un estudio ancestral de las tierras de la finca. La USAC entregó el estudio con el respaldo de la Facultad de Historia de la universidad, el que muestra todo lo relacionado a las 2.7 caballerías que tiene la finca y los campesinos aludieron no tener dinero para presentar el suyo; sin embargo, luego indicaron que recibieron un respaldo económico por parte de la Embajada de Noruega para realizar el mismo, según Taracena. “Dijeron que habían conseguido un dinero por parte de la Embajada de Noruega y que iban a hacer su estudio. Esto fue en febrero de este año, pero lamentablemente vino todo este problema de la pandemia y todos los documentos y procesos están detenidos en el Ministerio Público”, dijo Taracena.
Relato intentó comunicarse con Daniel Pascual, integrante del Comité de Unidad Campesina (CUC), para preguntarle sobre el supuesto financiamiento que obtuvieron por el estudio ancestral que Taracena mencionó, pero no contestó las llamadas.
Pese a las denuncias el grupo de personas realizó otro intento de invasión en otra parte de la finca, el 3 de julio de 2020. Los trabajadores de la USAC indicaron que recibieron amenazas al no dejarlos ingresar. “Tuvimos apoyo del Ministerio de Gobernación para poner policías y nosotros debimos poner más policía privada para que esta tercera invasión no se diera. Tenemos fotos donde se ven ingresos de vehículos de doble tracción, picops casi nuevos a estas áreas, se nota que esta gente no es la que llaman gente necesitada, sino que son personas que están respaldadas también por personas que les han vendido los derechos de los terrenos y supuestamente los apoyan en todo su derecho ancestral”, indicó Taracena.
¿Qué ha sucedido en la finca?
Gustavo Taracena mencionó que la EEGSA les instaló electricidad en una área, en la que la empresa menciona que están obligados a darles energía a todo aquel que lo solicita. Asimismo, la Municipalidad de Palín les llevó también una pipa de agua, dijo el decano.
Las autoridades universitarias indicaron que la finca está sufriendo daños como:
- Tala de árboles, los cuales son utilizados para investigación universitaria.
- Muerte de cabezas de ganado utilizadas para investigación universitaria.
- Destrucción de potreros.
- Quema de siembras y cultivos para investigación universitaria.
- Amenazas de muerte a los trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
“No respetan la propiedad privada, ni a nuestra universidad. El trabajo de investigación que hemos hecho por años se fue a la borda cuando decidieron quemar todo para sus siembras”, comentó Taracena.
Los proyectos planificados para estudios se han venido abajo y las personas ya no quieren invertir por las invasiones que se han estado haciendo, expresó Taracena. Las autoridades no han dado una respuesta a las invasiones y los procesos han sido lentos, la casa de estudio exige a los jueces que se cumpla la ley conforme al artículo 256 del Código Penal, obligando a proteger el Estado de Derecho ante los actos de este grupo de invasores.
“Hay un montón de embajadas que están apoyando a estas organizaciones. El estado de Guatemala debería declarar estas organizaciones como organizaciones terroristas para que las embajadas sepan que están financiando a personas que están involucradas con el crimen organizado y que están estafando”, dijo el Ing. Carlos Torrebiarte, vicepresidente de ACDEPRO.
El tema de invasiones y hurto a la propiedad privada ha ido cobrando fuerza en Guatemala, en especial las que se encuentran cercanas a la carretera Transversal del Norte, donde este grupo de personas busca apoderarse de terrenos sin importarles hacerlo de forma violenta. Esta ideología de “derechos” o “pertenencia” hacen cuestionar si realmente es por “necesidad” o son parte del crimen organizado que opera en el país.
