Ante la crisis de la pandemia de COVID-19, Costa Rica restringió la circulación del transporte pesado el 18 de mayo para evitar contagios del virus en su territorio. Sin embargo, estas medidas generaron pérdidas millonarias para Guatemala en las industrias de alimentos, enseres, materias primas, entre otros.
Esto presentó que las exportaciones de Guatemala y Costa Rica tuvieran pérdidas semanales de US$2 millones y US$5 millones en importaciones de Costa Rica y Guatemala, solo en bebidas y alimentos procesados.
“Guatemala compró el semestre pasado a Costa Rica, en alimentos y bebidas procesadas más de US$130 millones, correspondiente a un 27 por ciento de las importaciones en dichos rubros. Mientras que nuestro país le vendió US$47 millones, que equivale a un 16 por ciento; con esto se demuestra que ambos países estamos cubriendo parte de nuestras necesidades de alimentos”, expresó Enrique Lacs, director ejecutivo de la CGAB, ante dicha situación.
La postura inflexible del Gobierno de Costa Rica afectó a más de 700 empresas guatemaltecas, que pone en riesgo la cadena de abastecimiento de productos y materias primas. Cientos de transportistas centroamericanos quedaron varados con diferentes mercancías y algunas eran perecederas. Esto provocó que otros países centroamericanos adoptaran las mismas medidas hacia los transportistas costarricenses.
¿Qué sucederá?
Anteriormente, Costa Rica había establecido que los transportistas tenían un plazo de 72 horas, 48 horas para la carga y solo 24 horas para abandonar el país. Asimismo, debían enganchar el furgón a un cabezal costarricense y esperar que este regresara después que la mercancía fuera descargada. Si este era mercancía de tránsito desde o hacia Panamá, podían ingresar custodiados por 50 vehículos que los dirigieran hasta salir del país.
Sin embargo, Guatemala no estuvo de acuerdo y expresó el riesgo que podría correr el estado de los artículos y la inviabilidad del mismo. Esto obligó a Costa Rica a modificar sus disposiciones:
- La mercancía puede ser descargada en un depósito aduanero con rutas fiscales controladas. Esto representará un costo extra para las mercancías de los países centroamericanos.
- Se mantiene el plazo de 72 horas para abandonar el país.
A pesar que Guatemala no considera viable las “nuevas disposiciones” porque podrían afectar la competitividad en especial en este tiempo de crisis, aceptó temporalmente, con el fin que los transportistas dejen la mercancía y regresen al país.
Ante este rompimiento coyuntural de las cadenas de suministros de alimentos en Centroamérica, la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) considera que el gobierno debe crear una política nacional de seguridad alimentaria para fortalecer las cadenas productivas agroindustriales-nacionales que sean coherentes con la inserción de Guatemala en el mercado internacional.
Asimismo, la Cámara invita al gobierno para establecer una mesa de diálogo técnico y político para proponer cambios que favorezcan al país en las inversiones de producción, proceso y comercialización de alimentos. Todo esto para que exista mayor seguridad en el sustento de actividades económicas de los productos cultivados, producidos y transformados en el país.
Fuente: Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas