En mayo de 2019 la cifra por el resarcimiento era Q85 mil, una vivienda y seguro de vida para cada uno de los 400 mil ex militares que lucharon durante el conflicto armado interno. Llegado junio de este año, la cifra ha alcanzado la suma de Q120 mil y la promesa de elevar la presencia de los manifestantes hasta que se apruebe la ley para la Dignificación del Soldado guatemalteco y su familia. Pagar a las victimas del conflicto, que tendría un costo de Q48 mil millones, casi el 50 por ciento del presupuesto anual del Estado.
Se les ha utilizado como capital electoral, se les ha prometido un dinero por sus muertos y se les ha llevado al punto de quiebre. Pero los ex militares decidieron salir a la calle, como lo hacen los maestros, los sindicalistas y los estudiantes para pelear por sus derechos.
“A los ex militares los han usado como moneda de campaña electoral, pero les debemos el valor de la institucionalidad del país”, General José Quilo Ayuso, presidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala.
A decir de Quilo Ayuso, la cifra de 400 mil personas no es absurda. Pues durante sus 31 años en las filas del ejercito, cada 3 meses se incorporaban 3 mil nuevos efectivos. “Estamos hablando de unos 12 mil soldados al año, por 31 años llegamos a la cifra de 372 mil”, asegura.
La apuesta de los ex militares es hoy por la aprobación del proyecto de ley 5664, “Ley para la Dignificación del Soldado guatemalteco y su familia, víctimas del enfrentamiento armado interno”. Misma que habla sobre como se crearon instituciones para resarcir a poblaciones desarraigadas y víctimas del Estado. “Se creó el Fondo de Tierras, que únicamente benefició a un sector de la sociedad, no así a los veteranos militares”, contempla. Además, sostiene la iniciativa, la dignidad del soldado guatemalteco y su familia nunca fueron consideradas en los Acuerdos de Paz, a pesar de que el 80 por ciento de la tropa provenía de comunidades “indígenas”.
“Es claro que el Estado no tiene los Q48 mil millones para pagar la indemnización, pero podría proponer un plan de pagos, algo así como unos Q300 mensuales para cada miembro hasta que se mueran”, General José Quilo.
Sobre las negociaciones para la aprobación de esta ley, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), dijo en 2019 que no era más que un acto para complacer a un grupo. El acuerdo respondía al interés del presidente (Jimmy Morales), de ocultar los malos manejos en el Instituto de Previsión Militar (IPM). Rosalina Tuyuc de CONAVIGUA, fue aún más clara y pidió que se hicieran investigaciones sobre los ex militares que piden este resarcimiento. “Se debe determinar, no solo si prestaron servicio militar, sino que también si participaron en ejecuciones, violaciones y desapariciones forzadas”, aseguró.
Y es que mientras unos se debaten sobre si pagar o no, lo cierto es que al interno del ejercito y sus altos mandos la historia es otra. A decir de uno de los dirigentes de la manifestación del pasado lunes, la situación no ha sido pareja. “Callada la boca la AVEMILGUA logró el pago de Q350 mil para militares de alto rango, pero para los soldados nada”, aseguró el dirigente.
Otros como Francisco Calmo, también representante de los ex militares, aseguran que el derecho de los ex militares se debe reconocer y la aprobación de la 5664 es clave para que los bloqueos y las manifestaciones dejen de suceder en el país. “Defendimos a Guatemala, la soberanía de nuestro país, defendimos el poder de los ricos y lo eso es lo que nos ha hecho levantarnos en ira”, dijo Calmo.
¿Qué contempla la 5664?
La “Ley para la Dignificación del Soldado guatemalteco y su familia, víctimas del enfrentamiento armado interno”, hace referencia al servicio y la falta de atención a los militares que lucharon durante el conflicto armado. Hace un balance sobre como algunos sectores de la población han percibido beneficios económicos, fuese por ser victimas o familiares de estas, y la creación de instituciones para garantizar el pago de los mismos.
En su articulo 2, la 5664 deja claro su objetivo, que es: “reconocer la dignidad del soldado guatemalteco, que participó en el enfrentamiento armado interno”, el resarcimiento al que tienen derecho y mecanismos para la reinserción a la vida productiva del país. Además, define al soldado que podría ser beneficiado con esta, pues sostiene que tanto los enlistados voluntaria o involuntariamente, defendieron la institucionalidad del Estado entre los años de 1960-1996.
Define también, en el llamado “Bono Patriótico”, una compensación económica que se le dará al personal militar que prestó sus servicios durante el conflicto. “Dicha compensación se hará efectiva, mediante un programa y cronograma de cumplimiento para un período de cinco años, que deberá presentar el Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF), la Secretaría de la Paz (SEPAZ) y organizaciones de índole militar”, aunque no establece el monto de dicha indemnización. Pero el documento es claro en remarcar que dicha compensación no aplica a oficiales ni especialistas del ejercito. Y establece una comisión de verificación para la creación de los listados de beneficiarios.
Y aunque los ex militares han incrementado su presencia para exigir la aprobación de la 5664, pues en lo que va del año han realizado 4 manifestaciones para presionar al Congreso, la iniciativa está lejos de ser aprobada. Podría ser que al sucesor de Alejandro Giammattei se le vea y escuche en mítines comprometiéndose con los ex militares y el pago que no les llega.
