Los cuatro fueron a la sede del Ministerio Público (MP) a solicitar se desestimen las denuncias en su contra por considerarlas espurias y sin fundamento. Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xetumul, Ericka Aifán y Yassmin Barrios aseguran que han solicitado a los fiscales a cargo de los casos hacer lo propio para retirarlos de los casos. Los cuatro aseguran que estos procesos son acciones de hostigamiento, por los casos de alto impacto que conocen. Pero para la fiscal general Consuelo Porras, solo las investigaciones pueden determinar si las denuncias son espurias y sin fundamento.
Los jueces aseguran que son más de 30 denuncias en su contra que deben ser desestimadas, pues algunas son de hace mas de 9 años. Sin embargo, para el abogado Raúl Falla, el plazo de responsabilidad civil es de 20 años, “por lo que las denuncias en contra de estos jueces deben ser investigadas y si no hay delitos pues será la propia justicia la que lo determine”, asegura.
“Las fiscalías están conociendo las diferentes denuncias en contra de cualquier ciudadano guatemalteco, es la investigación la que nos va a generar si hay o no hay un hecho que perseguir”, Consuelo Porras.
Sobre la presencia de los cuatros jueces en el MP, Falla sostiene que es una medida de presión ilegal. “Ellos que luchan contra la corrupción, son los que van a pedir al MP no ser investigados, eso no está bien ya que cualquier funcionario público puede y debe ser sujeto de investigación”, agrega. La ley de antejuicio es clara, asegura, y esta es la que determina el camino a seguir cuando hay una denuncia en contra de un funcionario que tiene este privilegio.
“A Consuelo Porras le fueron a pedir que cometa una ilegalidad, pues nadie puede detener una investigación. El MP solo puede investigar los hechos y luego presentarlos ante un juzgado, pareciera más que ellos le temen a algo”, Raúl Falla.
Otros como el abogado Rodrigo Quevedo, sostienen que las acciones de los cuatro jueces son ilegales. Estas, según el jurista, están prohibidas por la Ley de la Carrera Judicial en su artículo 29.
Algunas denuncias en contra de los jueces
En 2020 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite al antejuicio que el Instituto de Magistrados de Cortes de Apelaciones (IMCAOJ) presentó en contra de la juez Ericka Aifán. Según este, la jueza habría autorizado diligencias de investigación en contra de jueces y magistrados que gozan de inmunidad en el caso Comisiones Paralelas 2020.
Aifán presentó, ante la anterior magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), un recurso para dejar sin efecto la resolución de la CSJ. Esta fue admitida y el proceso fue amparado, pero en un revés para Aifán, la nueva CC ha permitido que un juez pesquisidor continúe con la denuncia y recomiende si se le debe o no retirar la inmunidad luego de escuchar a ambas partes.
Miguel Ángel Gálvez fue denunciado por haberse reunido de forma secreta con el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi en septiembre del año pasado. “Abusando de su cargo, Gálvez y el fiscal de la FECI Juan Francisco Sandoval, cometieron una ilegalidad, pues la ley establece que las diligencias judiciales deben llevarse a cabo en la sede de un juzgado y en presencia de todos los sujetos procesales”.
A decir de los denunciantes, en este caso Ricardo Méndez Ruíz, la reunión entre Sandoval, Gálvez y Sinibaldi fue ilegal. Según los denunciantes esto por que sobre Sandoval también existe una denuncia por haber librado de responsabilidad a la empresa brasileña Odebrecht del pago de daños al Estado de Guatemala. “Guatemala perdió millones en daños que pudo reclamar a la empresa brasileña, y fue Sandoval el responsable del daño al Estado por la negociación que hizo con Odebrecht”, FTC.
En 2019 ratificó una denuncia en contra del juez Pablo Xitumul por abuso de autoridad. De acuerdo con la denuncia Xitumul impidió la revisión de un vehículo, por parte de un agente de la PNC, que se presume era conducido en estado de ebriedad. Cuando el agente pidió inspeccionar el vehículo, en un confuso incidente donde dos versiones sobre el hecho no se han aclarado.
José Cuxaj, jefe de la subestación de la PNC de San Juan Sacatepéquez asegura que Xitumul se valió de su cargo como juez para evitar la inspección del automóvil y verificar el estado del piloto. Por su parte Xitumul asegura que fue extorsionado y violentado por los agentes de la PNC.
La juez Yassmin Barrios fue denunciada por recibir US$50 mil de la ONG Train Foundation, como premio por su labor en la lucha por la justicia. A decir de los denunciantes, la conducta de Barrios no solo fue cuestionable, sino también ilegal. “Al recibir este regalo, según la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, Barrios cometió un delito. Según dicha ley, los servidores del Estado tienen prohibido “solicitar o recibir dádivas, regalos, pagos y honorarios”, fuera de los salarios que tienen como servidores públicos. Barrios fue denunciada por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, cohecho pasivo transnacional, aceptación ilícita de regalos y lavado de dinero.
Y aunque la ley es clara, y todos los ciudadanos debemos someternos a la justicia, pareciera que llegar al MP y exigir se desestimen denuncias en contra de cuatro jueces ahora sí es valido. De ser así, pronto veremos a presuntos mareros, presuntos narcotraficantes, presuntos secuestradores, presuntos ladrones y cualquier presunto criminal apostados frente a la sede de dicha entidad, exigiendo a la fiscal general que desestime las denuncias en su contra.