Fue una negociación que le costó al Estado de Guatemala cientos de millones de quetzales. Un endeudamiento de más de US$384.4 millones en prestamos para pagar una carretera que nunca se concluyó. Y la negociación, para lograr el pago de daños, se la atribuyó ilegalmente el ex fiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Los cuatro acuerdos de colaboración, fueron suscritos por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) agencia 1, y están incluidos dentro del expediente de investigación MP 001-2016-64326. Estos acuerdos fueron aceptados por la juez contralor Claudette Domínguez del juzgado primero de primera instancia penal de mayor riesgo, Grupo A. Lo pactado por el ex fiscal Sandoval y los colaboradores, está incluido dentro del proceso 01079-2017-00031 y da cuenta de la negociación y acuerdos a los que llegaron Sandoval, las autoridades de la empresa ODEBRECHT y los ejecutivos involucrados en el caso de pago de sobornos a políticos y funcionarios guatemaltecos.
Tres colaboradores personales (ejecutivos de la empresa) y y la propia ODEBRECHT, suscribieron con Juan Francisco Sandoval, cuatro acuerdos de colaboración eficaz. En la ciudad de Sao Paulo, Brasil, el seis de septiembre de 2017 se firmaron los cuatro. En ellos, tres ejecutivos de la empresa y la propia ODEBRECHT, acordaron con el ex fiscal Juan Francisco Sandoval resolver su situación jurídica derivada de actos de corrupción cometidos durante el desarrollo del contrato 53-2012-DGC-C, entre el la Dirección General de Caminos y la constructora ODEBRECHT.
Según los documentos, buscar estos acuerdos con los paises afectados por la red de corrupción de ODEBRECHT, se deriva de un compromiso con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Este último colocó interventores para evitar que ODEBRECHT siguiera involucrada en casos de corrupción, como lo detallan los acuerdos firmados por Sandoval. Estos incluían, remover de la empresa a ejecutivos vinculados en casos de corrupción, no propiciar nuevos actos ilícitos y transparentar sus operaciones, entre otros. Como parte de este acuerdo, ODEBRECHT, reconoció haber pagado coimas a las autoridades del gobierno de Guatemala por montos que ascendían a US$17.9 millones. Fondos que llegaron a los bolsillos de políticos como Manuel Baldizón y funcionarios como el ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, algunos diputados y otros funcionarios.
Como parte de este acuerdo, y para evitar la persecución penal de los funcionarios y de la empresa, la dirigencia de la misma se comprometió a entregar información sobre las personas que recibieron los pagos. La información que ODEBRECHT entregó al Ministerio Publico de Guatemala, fue la que permitió identificar la estructura corrupta y posterior emisión de ordenes de captura en contra de Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón. A cambio, Sandoval se comprometió a que el Estado de Guatemala no reclamaría indemnización por el incumplimiento del contrato y a un único pago por las coimas entregadas a funcionarios públicos de Guatemala.
El acuerdo suscrito con la empresa ODEBRECHT, según el contrato 53-2012-DGC-C, para la construcción de la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 Occidente, describía la forma en que se pagarían los desembolsos a la constructora de acuerdo con el avance físico de la obra. Este establecía la construcción de una carretera de 140 kilómetros de largo, que conectaría desde Cocales, Escuintla hasta la frontera de Tecún Umán, San Marcos, pero cuyo avance físico a penas llegó a la tercera parte. Esta, terminó costando más de US$270 millones, casi la totalidad del presupuesto inicialmente aprobado para toda la obra.
El acuerdo de colaboración entre Sandoval y la Compañía, según consta en el documento en manos del Ministerio Público (MP), establece los parámetros de como se pagaría la reparación al Estado de Guatemala. Esta reparación, equivalente a los US$17.9 millones pagados en coimas, estaría sujeto a la liquidación de contrato. Mismo que según las estimaciones de avance de la obra, tenía al momento de suspenderse el contrato un saldo a favor de la constructora de aproximadamente US$80 millones. El acuerdo incluso establece que si la liquidación, fuese superior al valor de la reparación (más de US$17.9 millones), la constructora renunciaría a cualquier pago que supere este monto, en favor del Estado de Guatemala. Es decir, ODEBRECHT no le pediría dinero de vuelta al Estado de Guatemala.
De acuerdo con abogados que conocen del tema, la participación de Juan Francisco Sandoval, excedió el ámbito de sus funciones. Pues dispuso sobre asuntos que eran competencia de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio de Comunicaciones. En su momento, la ex Procuradora General de la Nación, Anabella Morfín, dijo que la actuación de Sandoval estuvo fuera de la legalidad. A Sandoval no le competía (como parte del MP), negociar un acuerdo económico por los daños ocasionados, afirmó.
“El MP no debió determinar el monto económico, pues esa es responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación”, Anabella Morfín.
Hoy la negociación que realizára Sandoval, antes de huir del país, ha complicado el proceso para que Guatemala reciba el pago de la reparación por los daños causados por ODEBRECHT. Por otro lado, se señala a la juez Claudette Domínguez, entonces encargad del juzgado primero de primera instancia penal de mayor riesgo, Grupo A, de haber perjudicado los intereses del Estado, al aprobar los cuatro acuerdos suscritos entre Sandoval, la empresa y los tres ejecutivos de Odebrecht.
Cronología:
El contrato se celebró en 2012, los trabajos iniciaron en 2013 y se desarrollaron desde entonces hasta mayo de 2016, fecha en que la obra fuera suspendida y el MICIVI canceló el contrato hasta 2017. Pero el MICIVI conformó una comisión receptora y liquidadora hasta 2018, dos años después de que la obra fuera suspendida.
Para conocer la versión de Juan Francisco Sandoval, Relato intentó contactarlo en repetidas ocasiones. Sin embargo, Sandoval no respondió a nuestra solicitud.
