De a poco, territorios en todo el país caen bajo el control de grupos que durante años han buscado la polarización y frenar el desarrollo. Comenzaron a cerrar los accesos, a retener a las poblaciones en sus comunidades y hasta convertirse en las autoridades locales, sin tener representación. Todo, con la promesa de evitar que el virus llegara, les infectara y los matara. Así se construye la ingobernabilidad durante la pandemia del COVID-19.
La detección de casos del virus en Guatemala, en marzo, les vino como anillo al dedo. Agrupaciones que persiguen controlar territorios y fomentar la ingobernabilidad encontraron en el coronavirus la excusa perfecta, “sembrar miedo y aislar a miles”. Para David Martínez Amador, analista y profesor universitario asociado a la red internacional de investigadores sociales INSUMISOS, lo que se está viendo es cómo se agrava un problema ya existente en el país.
“Cuando salgamos de este estado de calamidad, va a ser más difícil retomar el control, pues estos grupos saldrán más fortalecidos”, David Martínez Amador.
Para Marvin Rivera, analista de seguridad, el asunto radica en que las medidas que han implementado estos grupos no forman parte de las políticas que dictó el gobierno. “Como ciudadano creo que no es una medida sana ni controlada, no está siendo revisada por el gobierno y mucho menos aprobada por este”, asegura. Martínez Amador además sostiene que en el caso de los COCODES es una forma de gobiernos paralelos y ante estos la presencia del Estado desaparece. “Estos terminan por suplantarlo”, apunta. Pero las medidas y el control que toman en los territorios presentan un serio problema para la gobernabilidad de país. “Estamos viendo cómo el gobierno pierde la capacidad de controlar territorios y es suplantado”. Sobre las limitaciones, particularmente el cierre de rutas para el ingreso de víveres es de momento lo más grave apunta. “De a poco los transforman en territorios autonómicos y ponen en riesgo el suministro alimentario”, menciona.
Con la excusa de proteger a las comunidades del contagio, han cerrado caminos, prohibido el acceso y limitado la circulación de los vecinos. Así como el ingreso de camiones con insumos para las tiendas y ventas de víveres. Se han integrado a grupos de vecinos que, alarmados por la enfermedad accedieron, sin saberlo, a entregar el control de sus territorios. Con cadenas, cuerdas, troncos y piedras han bloqueado los accesos y restringido la entrada y salida de los pueblos.
Desde Quiché, hasta San Marcos los grupos organizados con la bandera de guardianes de la pandemia han tomado el control y son hoy la autoridad. En las montañas de San Marcos, los comunitarios han cerrado los accesos y son ellos quienes regulan la circulación, ante la falta de autoridades. Nadie entra o sale de los lugares sin la venia de ellos. Un caso es el del parcelamiento Natividad de María, La Reforma, San Marcos, en donde las condiciones de control son extremas. Los comunitarios organizados por el COCODE y CODECA, según los vecinos, establecieron puestos de control tanto para quienes llegan a la localidad como para los que buscan salir de ella.
Machete en mano y con una improvisada talanquera registran los vehículos que circulan. Igualmente, improvisado el puesto de guardia, cubierto por un nylon, y con un rótulo que advierte sobre los síntomas y riesgos del COVID-19. Preguntan “los asuntos” de quienes llegan y allí mismo llaman y deciden quién puede y quién no pasar.
“Acá no pueden pasar, son las órdenes que tenemos de ellos”, dijo un poblador del parcelamiento Natividad de María, en La Reforma, San Marcos.
Les han organizado en grupos de cuatro habitantes y turnos diarios. “Dejamos nuestras cosas para venir a hacer el turno y revisar que nadie pase”, afirma el encargado. Y si acaso la situación lo amerita, basta con chiflar para que un centenar de comunitarios bajen de la montaña “para ayudarnos” a atender la situación.
Desinfección y control
En la ruta que lleva a Natividad de María las cosas son un tanto diferentes. Los puestos de control se han establecido con la venia de las alcaldías y grupos de vecinos quienes regulan la circulación de vehículos. En el caserío San Isidro, por ejemplo, cinco jóvenes detienen el paso con una cadena. Termómetro en mano y desinfectante, obligan a los recién llegados a bajar ventanillas e inspeccionarles.
Luego las preguntas de rigor. ¿De dónde vienen?, ¿a qué vienen? Y ¿con quién vienen? Disipadas las dudas, se comunican por celular con las autoridades y de estas reciben la orden de dejar entrar o no a los visitantes. Mientras que, en la entrada a La Reforma, un arco de sanitización es la excusa para detener a los vehículos y regular el acceso.
Un par de kilómetros abajo, en otro puesto, a la entrada del municipio no hay tantas preguntas. Simplemente una cuadrilla de trabajadores municipales que desinfectan con cloro las llantas y la parte exterior de los vehículos, que llegan de Coatepeque. “Si los conocemos los dejamos pasar rápido, si no hay que preguntar a dónde van y a qué vienen”, señala otro de los inspectores.
Para Martínez Amador lo que se viene luego de la pandemia no es nada nuevo. Veremos cómo grupos que han buscado controlar territorios saldrán fortalecidos y retomar el control será un nuevo reto para Guatemala. Entretanto, miles de familias en situación de pobreza deben luchar hoy por sobrevivir y, de seguir esta fragmentación social, prepararse para un nuevo orden. Uno donde circular por el país, estará limitado por la respuesta que le den a un comunitario al otro lado del teléfono.
