Familiares, amigos y acusados esperaban la resolución. Como golpe en el estómago cayeron las palabras de la jueza Claudette Domínguez: “Encuentro indicios suficientes para que el sindicado enfrente un proceso penal por el delito de tortura”.
Carlos Vielmann se había librado de la acusación de ejecuciones extrajudiciales, pero no de dicho señalamiento. Las palabras de Domínguez resonaron entre sus familiares y la defensa del exministro de Gobernación.
“De ser encontrado culpable de tortura, Carlos Vielmann enfrentaría una condena de entre 25 y 30 años de cárcel”, indicó la fiscalía.
Los otros sindicados, colaboradores de Vielmann durante su gestión como ministro corrieron con la misma suerte. Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal, Víctor Ruiz, exjefe de la otrora DINC, Axel Martínez y Francisco Guarcas de Paz fueron ligados a proceso, pero por ejecuciones extrajudiciales.
Lo que le viene a Vielmann
Luego de escuchar la resolución de Domínguez, Carlos Vielmann y el resto de sindicados se despidieron de sus seres queridos para ser enviados a Mariscal Zavala. El exministro se despidió de su esposa con un beso, al saber que pasará la Navidad y el Año Nuevo en prisión preventiva.
En el lugar en donde permanecen desde sus capturas, el 29 de octubre de 2018, los sindicados deben esperar los tres meses fijos que dio la jueza Domínguez para que el Ministerio Público presente la investigación total y pruebas en contra de ellos. Es decir, sería a finales de febrero de 2019, cuando se programaría la audiencia de etapa intermedia.
La apertura a juicio o etapa intermedia consiste en la presentación de la formal acusación contra los sindicados. En ella, la jueza debe convocar la presencia de todas las partes procesales, para entrar a conocer los hechos señalados y los argumentos de la defensa para que sus representados no enfrenten juicio.
Es decir, Vielmann y compañía podrían volver a Tribunales en marzo de 2019, cuando iniciaría el proceso penal en su contra. Una etapa que no tiene tiempo definido para desarrollarse, debido a que dependerá de la cantidad de pruebas presentadas, el espacio en la agenda del juzgado y el tiempo de argumentación de cada parte procesal.
Dicha etapa podría tardar meses, incluso años si así lo requiere el proceso.
Al concluir con todas las argumentaciones, la jueza debe resolver si es necesario que los sindicados enfrenten un juicio por los delitos imputados. Otra etapa procesal que podría extender más el tiempo de estadía de los procesados en prisión.
Lo que hizo antes de ser trasladado a Mariscal
En la resolución con relación al señalamiento de ejecuciones extrajudiciales, el exministro resaltó que la jueza tomó en cuenta el juicio realizado en su contra en España, argumentando que no se le podía juzgar dos veces por el mismo hecho.
Pero, el sindicado recalcó que la FECI y la CICIG se han ensañado en contra de él, violando sus derechos humanos al abrir dos procesos en su contra. También, indicó que dichas autoridades sí le dan beneficios a criminales y que afortunadamente se denunció a tiempo, en esta ocasión, para que no lo hicieran.
Además, el exministro de Gobernación presentó el 23 de noviembre en el Ministerio de Relaciones Exteriores una denuncia contra la CICIG. En ella, la responsabiliza de violaciones a sus derechos humanos y de poner en riesgo su integridad física.
Horas antes de escuchar la resolución, Vielmann comentó: “Vamos a seguir todas las acciones que estén a nuestro alcance. El viernes pusimos una denuncia formal por medio de la cancillería ante las Naciones Unidas, para ir preparando todas las acciones necesarias para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Otras acciones
El abogado defensor de Vielmann, Alberto Morales, indicó que se está preparando una apelación y un amparo contra la resolución en la Sala de Apelaciones. Ello, debido a que consideran que el delito de Tortura también entra en lo juzgado en España, dentro de los delitos de lesa humanidad.
Según Paola Gómez, miembro de la defensa del exministro, explicó que la ley establece un tiempo de 3 días para presentar una apelación y 30 para interponer un recurso, por lo que serán presentados en los próximos días.
La apelación y los amparos estarían dirigidos por haber sido ligado a proceso por tortura y por no recibir una medida sustitutiva. Dichas acciones no tienen un tiempo definido para ser resuelta, aunque Gómez indica que podrían tardar entre 2 a 8 meses aproximadamente, tiempo que no interfiere en el desarrollo del proceso.
