Hace 27 días rompió el silencio en las audiencias y decidió expresar lo que llevaba dentro. Hablar para pedir clemencia, apelar a la confianza en Dios, negar rotundamente defraudación al Registro de la Propiedad y derramar lagrimas fueron su estrategia, y esta funcionó.
Con la voz quebrada y los ojos llorosos, el hermano del presidente pedía clemencia un 24 de julio. La amenaza de pasar 11 años en la cárcel le aterraba, así como haber facilitado a su sobrino los medios para que se involucrara en la estafa. Samuel Morales (Sammy) pedía justicia. Se planteaba preguntas y se respondía a sí mismo. “¿Me arrepiento de haber ayudado a doña Abdy?”, “No me arrepiento” decía. Y así comenzó el pedido de absolución.
Pero el dia de hoy, su calvario llegó al final. El el Juzgado Décimo Tercero Penal absolvió a Sammy Morales.. Los jueces concluyeron que no se pudo acreditar la participación ni la intencionalidad de Samuel Everardo Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente Jimmy Morales, en las irregularidades de los eventos del Registro General de la Propiedad.
“Hoy espero y estoy seguro que ustedes sabrán encontrar la verdad” Samuel Morales
Samuel Morales, enfrentaba la de prisión, por el caso “Botín Registro de la Propiedad” y fue absuelto. En el caso presentado por la CICIG y la Fiscalía Espacial Contra la Impunidad (FECI) también se pedía una condena de 8 años de prisión para el hijo del Presidente, acusado de haber entregado documentos para sustraer fondos del erario nacional por medio de la simulación de pagos de servicios y compras.
Sin embargo, el Tribunal tiró el caso por los suelos y explicó, por mayoría de dos contra uno, que “no se demuestra ninguna intencionalidad” del acusado José Manuel Morales “ni beneficio económico” en relación al fraude en forma continuada. Asimismo, el juez enfatizó que tampoco se acreditó la intencionalidad de Sammy Morales para defraudar al Estado. “La acusación que la FECI hace a Samuel es confusa. No fue él quien elaboró las cotizaciones ni tuvo voluntad de defraudar al Registro de La Propiedad. Tampoco se pudo probar por ningún medio de prueba idóneo”, dictaminó el juez.
El caso se cerró cuando el juzgador sentenció que la simulación de los eventos y la entrega de canastas navideñas sí se realizaron, pero los procedimientos son de carácter administrativo y no penal.
“La acusación que la FECI hace a Samuel es confusa. No fue él quien elaboró las cotizaciones ni tuvo voluntad de defraudar al Registro de La Propiedad. Tampoco se pudo probar por ningún medio de prueba idóneo”, dictaminó el juez.
Aunque para el tribunal ni la participación de los familiares del presidente, así como su intención en los hechos fueron posibles de acreditar. Pero, uno de los personajes involucrados en la trama sí fue castigado.
La polémica Anabella
Anabela de León, mujer “Patriota”, ex diputada y fiel colaboradora de Roxana Baldetti no logró ganar la simpatía de los juzgadores. Y, en comparación con los Morales, llevó la peor parte de todo el asunto.
De León, quien antes de dirigir el Registro de la Propiedad, era una consumada artista de la plástica y la música nacional, se vio involucrada en la compra de unas canastas navideñas para los empleados de dicho registro. Aunque fue absuelta del delito de peculado, su buen nombre no salió ileso del incidente.
De León no logró esquivar una multa de Q5 mil que le fuera impuesta por su participación en los hechos bajo el delito de peculado culposo. Según la demanda de la FECI,De León habría pagado tres facturas por un total de Q269 mil 933, para la compra de unas canastas navideñas que habrían costado Q478.60 cada una. Sin embargo, se determinó que por la cantidad y calidad del producto que contenían su precio no debía ser superior a los Q159.50.
La FECI dijo que la venta de las canastas habría estado a cargo de una empresa vinculada a Samuel Morales, mientras que la elaboración de las canastas a cargo de la entonces suegra del hijo del presidente. Según las investigaciones, la compra estuvo sobrevalorada y también se trató de disfrazar una compra irregular con eventos que nunca sucedieron.
De acuerdo al Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal De León también permitió la contratación de varias personas que jamás llegaron a laborar y por lo tanto se convirtieron en plazas fantasma.
El caso que acaparó la atención de los guatemaltecos, pues nunca antes en la historia el hijo y hermano de un presidente, en funciones, eran acusados de cometer delitos contra el patrimonio nacional, llegó hoy a su fin. Durante 23 meses, la familia presidencial fue sometida al escrutinio público, al desgaste social y la critica inmisericorde, más allá de cualquiera que conlleve el cargo.
Y para quienes han defendido a la familia Morales lo que hoy se dio es “justicia pura”. Se demostró que el proceso en contra de los familiares del presidente era una cacería por parte de Iván Velásquez y Thelma Aldana, asegura Raúl Falla, abogado.
“Buscaban defenestrar al presidente, pero la verdad es que Iván Velásquez y Aldana van a ver desde muy lejos como caen uno a uno todos los que han manipulado la justicia, en favor de una agenda ideológica”. Raúl Falla.
Otros, en cambio, ven la sentencia como una forma de castigo para la CICIG por haberse atrevido a señalar a la familia del presidente y someterlos al escarnio, pues había pruebas documentales, relacionamientos de hechos y situaciones que dejaban en claro como se elaboró el “negocio”. “La idea principal era dejar libre a la familia del presidente, no la de hacer justicia”, dijo el analista Renzo Rosal
Lo cierto del caso es que para dictar fallo absolutorio el Tribunal, se basó en un informe del analista de la Cicig, Héctor Blanco. El juez Jaime Gonzáles explicó en el fallo que el experto de CICIG, dijo que Morales Marroquín envió un correo electrónico a Abdy Andrea Orellana Estrada, quien era su novia en 2013, con dos cotizaciones para uno de los eventos por el pago de 564 desayunos en diciembre del 2013. Y en estos, “No se demuestra ninguna intencionalidad, no hay evidencia de beneficio económico. Solo envió un correo a una persona -Abdy Orellana- que no es sujeto procesal en esta causa”.
Al concluir el juicio, Sammy expresó ante la prensa: “Es interesante y todavía con mayor mérito que el mismo trabajo de los especialistas de la Cicig que hayan determinado asuntos que nos exculpan. Nosotros siempre nos pusimos a disposición de tribunales, del Ministerio Público y la Cicig, nosotros mismos llegamos y dijimos, señores no es una factura, son tres, aquí están y luego cuando pasamos tres años de proceso, podemos evaluar que las únicas pruebas en contra son las piezas de evidencia que nosotros mismos propusimos”.