Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), firmó esta semana una carta de entendimiento con el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ello con relación al próximo proceso electoral en el país, en el que se apoyarán para tratar temas como el financiamiento a los partidos políticos.
El convenio contemplaría ser una herramienta mediante el TSE podrá solicitar apoyo a la CICIG para el control del financiamiento, además de asesorías y capacitaciones para mejorar su funcionamiento. Según Velásquez, con este tipo de acuerdos se espera evitar delitos como el Financiamiento Electoral Ilícito.
Aún así, hay grupos de ciudadanos que no están de acuerdo con la intervención de la CICIG en otras instituciones distintas al del Organismo Judicial. Incluso, durante el acto de la firma de la carta de entendimiento, Velásquez junto con los magistrados del TSE, salieron corriendo luego que varios manifestantes irrumpieron en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral.
Es por ello que el Comisionado mencionó que el aporte de la comisión también es para fortalecer a otras instituciones. La pregunta más recurrente en este tema es por qué tanto interés de la CICIG en las elecciones 2019.
Pecado original
Es el tema de las elecciones la prioridad para la CICIG, a consideración del Comisionado podríamos decir que sí. Debido a que lo considera como el mayor de los problemas en Guatemala, el financiamiento a los partidos sería el punto de partida de la corrupción.
“El Financiamiento Electoral Ilícito es el pecado original de la democracia guatemalteca, es la puerta de entrada al círculo vicioso de la corrupción”, asegura el jefe de la CICIG.
Ante ese discurso, la CICIG en conjunto con el Ministerio Público (MP), han revelado casos contra funcionarios y empresarios acusados de financiar ilegalmente a partidos políticos. Entre ellos, el mismo presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, quien tiene un proceso de antejuicio en su contra.
Además, son señalados por dicho delito los diputados Orlando Blanco de la UNE, Roberto Villate del partido cancelado LIDER y Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala. Un tema que se está discutiendo en el Congreso con posibles cambios a la ley, lo que beneficiaría a los señalados en estos casos.
Según Velásquez, las medidas a tomar no son para judicializar la política ni de criminalizar el financiamiento electoral. La CICIG asegura que el financiamiento ilegal a los partidos políticos están cargados de intereses personales y no del país, por lo que se deben investigar y erradicar.