Durante más de 300 días, la Corte de Constitucionalidad (CC) mantuvo retenida una resolución que dejó sin trabajo a más de 700 familias. Le costó al Estado de Guatemala Q467 millones en impuestos y se dejaron de percibir unos Q40 millones en regalías, todo por una resolución que nunca debió tomar más de 200 horas en ser emitida.
Sin pena ni vergüenza, la CC de Gloria Porras, presidida interinamente por Boanerge Mejía anunció ayer su resolución. “La Mina puede seguir operando, luego de que el Ministerio de Ambiente realice una consulta popular”.
Lo que debió ser un alivio para la empresa y los miles de beneficiados, resultó en un trago difícil de bajar por la garganta, pero es lo resuelto por la CC y habrá que cumplirlo.
“Tanto tiempo para dar una resolución como la que dieron, es increíble”, Andrés Dávila de Mina San Rafael.
La resolución en contexto
El principal litigante en contra de la operación Minera San Rafael, fue la hoy defenestrada Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS). La dirigencia de esta ONG se dividió y en julio pasado se acusaron de malversar fondos internacionales.
Las alarmas pronto sonaron por todo el mundo y tanto financistas como la propia CALAS debieron emprender un proceso de auditoría. “Estamos en un proceso de revisión y auditoría”, aseguró el abogado de la entidad.
Un mes después, el llamado de atención vino desde el Distrito de Columbia. Una carta firmada por el congresista Mark Amodei, pedía al Secretario de Estado, Secretario del Tesoro y Secretario de Comercio investigar las denuncias por corrupción que pesaban sobre CALAS.
Además, aseguraba que el cierre de la mina y el retardo malicioso de la CC, presentaban una amenaza para la estabilidad de la región y para miles de empleos en Guatemala.
“La mina fue desarrollada con unos US$1.7 billones de inversión de Tahoe Resources Inc., con sede en Reno Nevada y donde el 50 por ciento de los inversionistas son ciudadanos estadounidenses o entidades”. Rep. Mark E. Amodei (NV2)
Unos celebran y otros asienten
A pocas horas de que la CC diera a conocer su resolución, el otrora abogado de CALAS, Rafael Maldonado celebraba. Por medio de sus redes sociales les decía a las comunidades cercanas a la mina que “mientras no haya consulta a los pueblos xincas de Santa Rosa y Jalapa, la minera no puede operar”.
Maldonado, quien también fue denunciado por los comunitarios, por cobros irregulares, hoy celebra. Se atribuye la resolución a su “tesis jurídica como abogado”, pero olvida que antes cobraba una comisión a los habitantes para mejorar el precio de venta de terrenos a la minera.
Hoy habrá que esperar el resultado de la consulta a los pueblos y luego se podrá conocer el futuro de la multimillonaria inversión. Entre tanto, Guatemala pierde empleos, inversión y certeza jurídica por el retardo de una CC que cada día deja mucho que desear.