La Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro) llevó a cabo el conversatorio Propiedad privada en Guatemala, un derecho constitucional constantemente violado, en el cual se abordó esta temática con varios expertos.
De acuerdo con el constitucionalista, Mario Fuentes Destarac, la propiedad privada está relacionada con la seguridad jurídica y es un derecho inherente a la persona humana. Indicó que el Estado no puede menoscabar este derecho y debe garantizar la libre disposición de los bienes sin perturbar esta facultad.
Según lo establecido en la ley es deber del Estado proteger el ejercicio de este derecho, porque al no hacerlo existe falta de certeza jurídica y los derechos fundamentales son vulnerados.
“No existe la misma dureza contra los que violan el derecho fundamental de la propiedad privada en comparación con otros delitos, esta falta debería ser perseguida de manera drástica y sancionada con las penas que indica el Código Penal. El Ministerio Público debería velar por el estricto cumplimiento de la ley”, expresó Fuentes Destarac.
Entre los delitos contra el patrimonio se encuentran: el hurto, el robo, las usurpaciones, extorsión, chantaje, estafa, usura, daño, entre otros. Todos previstos en el Código Penal.
El asesor jurídico de Acdepro, Edgar Taylor, dijo: “En Guatemala se vulnera el derecho de la propiedad privada, lo cual es lamentable porque el Estado cuenta con normas de carácter penal para proteger los bienes jurídicos de los dueños; además, los castigos contra las personas que violentan la ley están debidamente establecidos”.
Citó que en Guatemala no se necesita una nueva normativa en lo referente al derecho a la propiedad privada, sino que “es urgente que se apliquen adecuadamente las leyes ya existentes, no se pueden dejar pasar por alto los delitos de usurpaciones que cometen estos grupos, pues incurren en flagrancia”.
“Si los delitos a los que incurren los usurpadores ya están regulados en las leyes guatemaltecas y son flagrantes, para qué se necesita un protocolo. Por ejemplo, en el MP se elaboró un ‘protocolo’, que establece que la PDH debe estar presente en los desalojos. Me pregunto ¿si tenemos un procedimiento penal cuál es el fin? ¿Acaso la PDH está presente en los allanamientos que a diario realiza el MP? Lo que necesitamos es que las instituciones cumplan las leyes, ya no necesitamos nuevas normativas”, expresó Taylor.
“Este problema también genera desempleo, ya que muchas personas están perdiendo sus trabajos, porque los dueños no pueden invertir en sus legítimas propiedades y si no hay inversión, no existe libertad de industria y comercio”, comentó Carlos Torrebiarte, vicepresidente de Acdepro.
Según Alfonso Cordón, de la Alianza en Defensa de la República (ADER), en Guatemala existe una violación al derecho de la propiedad privada, no solo en cuanto al tiempo, sino en la ejecución de las leyes, debido a la falta de certeza y seguridad jurídica.
Además, que no hay una política criminal que sea uniforme en cuanto a los diversos órganos del Estado para aplicar las leyes. Que es necesario exigir una seguridad jurídica a los diversos órganos del Estado, entre ellos el Ministerio Público, para que cumpla con lo que la Constitución Política de la República y demás leyes establecen, para así dar la seguridad jurídica necesaria.