Nicaragua cada vez da un gran retroceso en su democracia. La oposición ahora será catalogada como “terrorista” si sus protestas siguen en contra del régimen de Ortega.
El 16 de julio, los legisladores aprobaron una ley antiterrorismo en Nicaragua, en la cual su material principal es en contra del lavado de dinero, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. (Ver comunicado)
La ley se había presentado en abril ante la Asamblea Nacional de Nicaragua, con mayoría del partido de Gobierno, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), según puntualizó El Nuevo Diario y se aprobó en medio de una crisis política que empeora día a día.
Sentencia
Según la nueva ley “cualquiera que dé muerte o lesione a alguien no implicado directamente en una ‘situación de conflicto armado‘, o que destruya o dañe propiedad pública o privada, puede ser sentenciado hasta a 20 años de prisión”.
También quien sea declarado culpable de financiar o ayudar de manera directa o indirecta operaciones llamadas terroristas puede enfrentar hasta 20 años de cárcel.
El diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Walmaro Gutiérrez, describió la ley como algo que dará al Gobierno las “herramientas suficientes y necesarias que se requieren para ‘una lucha efectiva‘ contra el lavado de dinero, el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico”.
Comunidad internacional
Mientras tanto, observadores internacionales de las Naciones Unidas y políticos de oposición temen que la nueva ley sea usada por el régimen de Daniel Ortega para criminalizar a los manifestantes y arrestarlos. Otro de los temores que existe es la posible persecución a miembros de organizaciones no gubernamentales y a la Iglesia. Prácticamente ir en contra de todas aquellas personas que sean opositores al régimen del presidente Ortega.
Desde que se iniciaron las protestas contra el Gobierno, en abril pasado, las organizaciones de derechos humanos han registrado más de 350 muertes y más de 2 mil heridos. La mayor parte de esa violencia se ha perpetrado por órdenes del mismo Ortega y ha sido ejecutada por grupos paramilitares progobierno que trabajan en conjunto con la policía nacional.
La administración del presidente Nicolás Maduro ha usado un mensaje similar para desacreditar y acusar penalmente a quienes se oponen a su régimen. Tanto Ortega como Maduro han catalogado a los manifestantes opositores como “terroristas” y “vándalos” en un intento de criminalizar aún más sus movimientos.
Con información de InSight Crime