Desde el 2015 con el caso La Línea, los guatemaltecos le hemos tomado más atención a los casos en el sistema de justicia. A pesar de ello, no todos comprendemos muchos de los términos o pasos que lleva un proceso penal.
Uno de ellos es la “famosa” medida sustitutiva, la cual está establecida en el Código Procesal Penal. En ella, se establecen varios beneficios como el arresto domiciliario, que permite a un privado de libertad concluya con las etapas de un caso desde fuera de prisión.
A pesar que la medida es parte de las leyes guatemaltecas, no todos están de acuerdo con que se le otorguen a ciertos privados de libertad. Algunas de las críticas son que se le otorgan únicamente a personas que tienen capacidad de pagar las cauciones económicas, otros señalan que se le dan a personas peligrosas como asaltantes o violadores.
Los casos de alto impacto revelados en los últimos años han provocado otra división en las personas, en los cuales la participación de empresarios, militares y funcionarios, han provocado las críticas de que se ha abusado de la prisión preventiva.
Las críticas aumentaron con la muerte de varios privados de libertad, quienes estaban involucrados en casos de alto impacto. A ellos, no se les otorgó una medida sustitutiva, a pesar de sus quebrantos de salud.
Uno de los casos fue el de Manuel Barquín, exdiputado que estaba sindicado en el caso Lavado y política. El procesado murió en agosto del presente año en el Hospital Roosevelt, a causa de una fibrosis pulmonar.
Otro caso fue el del exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, Jesús Oliva Leal, quien se suicidó en la cárcel Mariscal Zavala, en junio de 2018. El fallecido guardaba prisión preventiva por su vinculación con el caso IGSS Pisa desde mayo de 2015, donde empezó a presentar una fuerte depresión.
Los abogados de Barquín y Oliva Leal, habían solicitado varias veces una medida sustitutiva. Pero a ninguno se le benefició, falleciendo mientras permanecían privados de su libertad.
¿Cambió el parecer de los jueces?
Los jueces de mayor riesgo, habían sido rigurosos con otorgar las medidas sustitutivas considerando peligro de fuga y obstrucción a la investigación. Pero, al parecer la situación ha cambiado desde las últimas muertes en los centros carcelarios.
Las medidas sustitutivas se han utilizado cada vez más durante este año, ya sea por las críticas de varios sectores o por los lamentables fallecimientos.
Aquí los que más resaltan:
En mayo 2018, el juez undécimo de Primera Instancia Penal otorgó el beneficio al expresidente Álvaro Colom en el Caso Transurbano. En esa ocasión, se le fijó una fianza de Q1 millón por los dos delitos que se le imputaron.
La suplente del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Abelina Cruz Toscano, otorgó en agosto de 2018 la medida sustitutiva a Blanca Stalling. La magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió el beneficio sin el pago de la fianza.
Daniela Beltranena, exdiputada del Partido Patriota (PP) y de las más allegadas a Roxana Baldetti, le otorgaron la medida sustitutiva, luego de aducir quebrantos de salud. El encargado de otorgárselo fue el juez Miguel Ángel Gálvez, por el caso Cooptación del Estado.
Los últimos favorecidos por motivos de salud fueron los exdiputados Christian Boussinot, Selvin García y Arístides Crespo. Además se le otorgó a Edgar Fernández, exasistente del primero de los mencionados y el exdirector legislativo Luis Mijangos. Todos están dentro de la investigación del proceso denominado como “plazas fantasma”, las cuales se habrían dado en el Organismo Legislativo entre el 2014 y el 2015.
