La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió temporalmente la licencia de la mina Fénix, ubicada en Izabal. Con esto vienen repercusiones económicas graves al país, entre ellas se perderán al menos 3 mil empleos y el posible incumplimiento de contratos con más de 250 proveedores.
La minera Fénix es operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) la cual obtuvo su licencia mediante una resolución del Ministerio de Energía y Minas, en 2016.
Pese a que los magistrados de la CC suspendieron las actividades de la empresa CGN, aún no han escuchado a ambas partes, pues la vista pública es el 25 de julio.
El proceso para suspender los trabajos empezó cuando líderes de la Gremial de pescadores artesanales de El Estor, Izabal, presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia en 2018 y los jueces no lo otorgaron; después acudieron a la CC en marzo de 2019 y el 18 de julio el pleno decidió suspender de manera temporal la mencionada licencia minera.
Sin embargo, esta decisión trae serias repercusiones a Guatemala.
“Esta es una pésima noticia para el país, creo que es otro golpe a la inversión extranjera directa. Manda un mensaje claro a inversionistas de otros países, que en Guatemala no se respeta la ley y que su inversión no está segura”. Paulo de León, director de Inteligencia Económica del Central American Business Intelligence (CABI).
Y como si esto fuera poco, también representa un problema financiero a las arcas del Estado, porque se dejarían de percibir miles de quetzales de impuestos.
“Esto va a abrir la brecha fiscal del Gobierno, porque son empresas formales que pagan todos sus impuestos, entonces están minando las finanzas del gobierno, por tanto la capacidad de endeudamiento ha bajado”. Paulo de León, director de CABI.
La empresa de níquel se pronunció respecto a la decisión de la CC y aseguró que será respetuosa de la ley.
Sin embargo, la imagen de los magistrados de la CC está muy dañada, afirma Paulo de León.
“Considero que está muy dañada la imagen de la Corte de Constitucionalidad, metiéndose a normar cosas que ya están reguladas y contraviniendo toda la metodología que ya cumplieron las mineras. Si el país decide no tener minas, que le digan a los inversionistas que no vengan y no hagan inversión (…) aquí no estamos discutiendo si estamos a favor o no de las minas, lo que estamos discutiendo es la propiedad privada”. Paulo de León, director de CABI