En las comunidades de Livingston una lucha por el agua ha comenzado. Cuatro comunidades se enfrentan a un grupo de invasores, liderados por el Comité de Unidad Campesina (CUC) y la organización paramilitar clandestina Fundación Turcios Lima (FTL). Unas mil 500 familias están dispuestas, si no se atiende una solicitud de desalojo a los invasores de una reserva natural, de llegar a las últimas consecuencias por defender sus nacimientos de agua.
Desde marzo de 2020 los habitantes del municipio de Livingston, Izabal, comenzaron a notar la llegada de personas extrañas a sus comunidades. Entre los COCODES y los habitantes, la información sobre un grupo de campesinos que se habían instalado en la reserva natural de Sierra de Santa Cruz, activó las alarmas. Para noviembre y con la presencia de los invasores confirmada, un grupo de vecinos de las comunidades de San José Buena Vista, Sahilá, Centro II, Sebilá y la PNC subieron la montaña para dialogar con los invasores.
“Cuando llegamos encontramos unos 13 ranchos y un grupo de personas que nos recibieron con disparos y amenazas de muerte”, Carlos Gonzales, presidente del COCODE Santa Cruz.
Luego de varias horas de intentar entablar un dialogo con los invasores, estos bajaron sus armas. “Se les hizo ver que estaban talando árboles en una reserva natural y que estaba contaminando la captación de agua de nuestras comunidades”, asegura Gonzales. Adicionalmente pusieron en riesgo el nacimiento de agua que abastece a las cuatro comunidades que trataban de hacerles entrar en razón, pero molestos por el reclamo, los invasores les amenazaron de nuevo y les pidieron que se retiraran.
Con el fin de evitar un enfrentamiento, donde los invasores llevan la desventaja numérica, los comunitarios han tratado de agotar todas las instancias legales para lograr el desalojo. Sin embargo, las autoridades no han atendido las solicitudes de estos, incluso la municipalidad de Livingston se ha negado a legalizar los terrenos que se invadieron en la reserva natural. “Los invasores dicen que esas son tierras ancestrales y que por eso les corresponden, pero ni su propia gente se las va a dar por que son comunitarias y reserva natural”, sostiene Gonzales.
A decir de los comunitarios, la invasión de la reserva natural, que hoy ha puesto en peligro el suministro de agua de cuatro comunidades y 1 mil 500 familias, esta orquestada por el CUC y apoyada por partidarios de la Fundación Turcios Lima (FTL). Esta última es liderada por César Montes, quién, aunque detenido, aún mantiene el control de unos once mil hombres armados que intimidan a los pobladores de la región de Izabal.
Montes, también conocido como Julio César Macías, enfrenta cargos por el asesinato de tres militares en el área de Izabal y se vanagloria de su Fundación, la cual busca tierras para los mas pobres. “Es una pendejada decir que tengo 600 hombres, cuando en realidad tengo 13 batallones y 11 mil efectivos (en la fundación Turcios Lima)“, aseguró durante una entrevista.
A decir de Gonzales, la injerencia del CUC y de la Fundación Turcios Lima está clara. Por un lado, los invasores han colocado un rotulo a la entrada de la reserva invadida donde claramente anuncia su relación con el CUC. Sobre los nexos con los paramilitares de la FTL, asegura Gonzales, basta ver el calibre de armamento que tienen los invasores. “Esas armas son las mismas que se le ha visto a la gente de Montes cuando patrullan por acá metiéndole miedo a la gente, son los mismos, seguro son”, asegura Gonzales.
Y ante la desatención de las autoridades, para la solicitud de desalojo de los invasores, los comunitarios y su paciencia de apoco se distancian. “Las autoridades dicen que hay que esperar el desalojo, se les ha escrito y no hacen nada, el agua se contamina y no hacen nada, ya nos cansamos de ver que no hacen nada”, asegura uno de los comunitarios.
El pasado lunes, un centenar de campesinos del área afectada por la invasión decidieron comenzar con medidas de hecho. Un bloqueo de 20 horas en el paso vehicular que conduce hacia Petén, fue la primera de muchas acciones que los comunitarios están dispuestos a emprender si no se atienden sus solicitudes. “Solo queremos que saquen a los invasores y nos ayuden a proteger nuestra agua y los recursos de las comunidades”, aseguran.
Los plazos se acortan y las acciones de los comunitarios suben de tono. Luego de meses de pedir a las autoridades que intervengan para evitar un derramamiento de sangre, la inoperancia del gobierno podría costarles la vida a varios en las montañas de Izabal. Hoy son 4 comunidades, pero de seguir la tala y contaminación de las aguas, al menos 52 comunidades más se podrían sumar a los actos en contra de los invasores que dirigen el CUC y la FTL.
Para conocer la versión del Comité de Unidad Campesina (CUC) Relato se comunicó con Daniel Pascual, pero este no respondió a nuestra llamada ni por la vía de mensaje de texto. Relato también se comunicó a las oficinas del CUC con, Leticia Chanchavac, pero dijo que no había nadie que pudiese atender nuestra llamada.