Para el juez Miguel Ángel Gálvez, del juzgado de Mayor Riesgo B, la filtración de un documento donde se evidencia su visita al exministro de Comunicaciones en la cárcel, es motivo de una investigación. Y hoy, luego que se diera a conocer su presencia en el centro de detención, Gálvez ha ordenado se investigue a Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación Contra el Terrorismo, por revelar información de un caso que se encuentra bajo reserva.
El oficio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), identificado con el número 561-2020-JFSA, da cuenta que el pasado 1 de septiembre, dentro de las visitas que recibió el exministro Alejandro Sinibaldi figuran el propio Gálvez y el fiscal Juan Francisco Sandoval. El documento, elaborado a solicitud del Sandoval, reporta que ese día a las 12 del mediodía ingresaron ambos al penal para reunirse con el exministro, acusado en el caso llamado Cooptación del Estado y el millonario desfalco de ODEBRECHT en Guatemala.
Según las investigaciones del caso ODEBRECHT, Sinibaldi habría dirigido una red que recibió US$18 millones en coimas, para garantizar la construcción de carreteras a la empresa brasileña ODEBRECHT. Por el mismo caso es señalado el propio fiscal Sandoval, quien habría negociado el testimonio de empresarios de la constructora, a cambio de evitarle el pago de resarcimientos para el Estado de Guatemala. Acuerdo que expertos han calificado como una extralimitación por parte de Sandoval en sus funciones y que ha causado dolo a las finanzas del país.
Según el informe de Sistema Penitenciario, entregado a la oficina de Sandoval, el juez y fiscal llegaron a la cárcel y estuvieron reunidos con Sinibaldi durante una hora y media. Circunstancia por la cual, Méndez Ruiz, quien ha denunciado a Sandoval por la negociación con la empresa brasileña, subió a sus redes sociales una imagen del documento.
A decir de Gálvez, Méndez Ruiz, ha vulnerado el proceso al dar a conocer información que está bajo reserva. Por su parte, Méndez Ruiz asegura que el registro de visitas a Sinibaldi no forma parte de las acusaciones que figuran en contra del exministro, por lo que no se ha vulnerado la reserva del proceso. Además, afirma, el artículo 31 de la Constitución establece que todos los documentos del Estado (exceptuando los del Ministerio de la Defensa y Cancillería) son públicos. “Ese registro no es parte de las acusaciones en contra del Sinibaldi y es un registro público”, sostiene.
A decir de Méndez Ruiz, la ley establece que la reserva en los procesos la deben guardar las partes involucradas en los mismos. “Siendo yo un particular, no hay delito que perseguir”, afirma. Por otro lado, le llama la atención que el requerimiento de Gálvez se dé días después de que el mismo Méndez hubiese denunciado al fiscal y al juez por la visita a la cárcel, que califica de ilegal.
Lo cierto es que, desde la llegada a Guatemala, de Sinibaldi, estaba claro que su proceso sería uno complicado. Por un lado, Sinibaldi tendrá que aclarar lo dicho por su exasistente, Anelissse Herrera. Herrera aseguró que Sinibaldi habría dado dinero al ahora fallecido magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Bonerge Mejía. Además, Sinibaldi tendrá que explicar las reuniones que sostuvo con la exfiscal Thelma Aldana, antes de que ambos se dieran a la fuga. Y, por si fuera poco, deberá aclarar cómo se dieron a cabo las negociaciones con la empresa brasileña y el pago de coimas a diputados durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxanna Baldetti.
En todo caso, y ante los ojos de la justicia, se deberá de investigar al Sistema Penitenciario y a la propia FECI. Pues el requerimiento del informe de las visitas fue hecho por el propio Juan Francisco Sandoval y remitido a su despacho. Y según Méndez Ruiz, más importante será aclarar: “¿Qué hacían Gálvez y Sandoval el mismo día, a la misma hora, reunidos con Sinibaldi en la cárcel?”.