Enero está a la vuelta de la esquina, los 12 meses del 2018 están a punto de acabar. Pero, las fiestas de fin de año no son el tema principal, las entidades del Estado se han llevado el “show” en diciembre.
Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación (PGN), presentó una denuncia penal contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Los denunciados son Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía y Gloria Porras. Ellos han sido señalados como los principales magistrados que están en contra de las decisiones del Gobierno.
De acuerdo con el comunicado de la PGN, la denuncia penal contra los magistrados es por emitir resoluciones violatorias a la Constitución. Prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad, son los delitos señalados.
“Coartan facultades constitucionales otorgadas directamente al Presidente de la República, o bien vulneran principios fundamentales tales como el de legalidad, derecho de defensa y debido proceso”, menciona el comunicado.
Se podría conocer en enero
La denuncia fue presentada por Evaristo Martínez Farfán, de la Dirección Penal de la PGN ante un Juzgado de Instancia o de Turno. Por falta de competencia este se inhibe de conocer el caso y deberá elevarlo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Luego de recibir la denuncia, los magistrados de la CSJ, en un plazo de tres días hábiles deberá remitirla al Congreso de la República. Esto según lo establece la Ley en Materia de Antejuicio.
Actualmente, el Congreso está en receso, por lo que la mayoría de diputados se encuentran fuera de la capital o del país. El parlamentario, Fernando Linares Beltranena, indicó que en este momento es “complicado” que se reúna la mayoría.
La próxima sesión del pleno será el 14 de enero durante una sesión solemne. A partir de esta fecha inicia el periodo ordinario en el Congreso, por lo que podrían conocer dichos antejuicios y sortear a los diputados que formarán la Comisión Pesquisidora.
Según Linares Beltranena, la CSJ podría rechazar la denuncia y así no llegaría al Congreso. Además comentó que son necesarios 105 votos para el retiro de inmunidad, luego de conocer el informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora.
“Si los magistrados llegasen a perder la inmunidad, el Ministerio Público deberá iniciar una investigación y llevar el caso a Tribunales”, dijo Linares. “Aunque pierdan la inmunidad, podrían continuar en el cargo, a menos que su juez competente los suspenda”, agregó.
Lo que motivó la denuncia
En septiembre de 2018, el presidente Jimmy Morales dejó claro que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esto llevó al comisionado Iván Velásquez, a trabajar desde el extranjero.
Desde ese entonces, las diferencias entre la CC y el Gobierno volvieron a manifestarse. Los magistrados de la Corte decidieron conceder amparos contra la decisión del Presidente y ordenó se le permitiera a Velásquez el ingreso al país.
En 2017, la CC ya había resuelto contra la decisión del Presidente en declarar “non grato” al Comisionado de la CICIG.
El 18 de diciembre, el Gobierno volvió a actuar por medio de la Cancillería, quienes dieron a conocer que 11 de los investigadores de la CICIG debían devolver sus carnés diplomáticos. Les dieron 72 horas para que abandonaran el país por considerar que perdieron sus privilegios.
Matías Ponce, vocero de la CICIG, confirmó el 21 del presente mes que los investigadores no se encontraban en el país. Un día después, la CC otorgó varios amparos provisionales, dándole a Cancillería un plazo de 12 horas para extender las visas de cortesía que fueron revocadas.
Pese a dichas resoluciones de la CC, en nochebuena la Cancillería presentó un recurso de aclaración y de ampliación.
Por su parte, la CC informó que no han analizado el recurso de ampliación y aclaración del Ejecutivo. Estas ultimas resoluciones de la Corte pudieron haber sido la gota que derramó el vaso y la razón por la que la PGN inició el proceso de antejuicio contra los tres magistrados.
