Antecedentes
En diciembre de 2019, la Junta Monetaria resolvió por unanimidad la suspensión de operaciones de la Grupo Financiero de Occidente, Sociedad Anónima (Fidosa). La Superintendencia de Bancos (SIB) citó en su comunicado que la decisión de la Junta Monetaria incluye la salida de esa entidad del sistema bancario nacional.
El objetivo de dicha decisión fue para preservar la estabilidad del sistema bancario nacional. Erick Vargas, jefe de la SIB, dijo: “Se detectaron prácticas de gestión que ponían en riesgo la solvencia y solidez”.
La SIB ordenó un plan de regularización, el cual incumplió Fidosa para el plazo legal de tres meses, por lo que procedió la gestión ante la Junta Monetaria, explicaron en su momento.
Hay ilegalidades
“En el momento que se suspenden las funciones, la financiera contaba con solidez patrimonial, no había suspensión de pagos y tampoco falta de liquidez. Las cifras contables lo demuestran y por situaciones arbitrarias se suspendieron las operaciones”, declaró Juan Miguel Ordóñez, asesor legal de Fidosa.
El presidente de Fidosa, Pedro Aguirre, resaltó que hay ilegalidades en el procedimiento por los que espera que se respeten los derechos y las leyes.
Financiera de Occidente tenía al 31 de noviembre de 2019 una disponibilidad de liquidez inmediata por Q41 millones 586 mil 302 con 6 centavos y disponibilidad e inversiones de liquidez por Q381 millones 398 mil 594 con 33 centavos. Ello significa que contaba con dinero en caja y bancos, con inversiones y liquidez.
En cuanto a activos, la financiera contaba con Q1 mil 317 millones de Q687 mil 808.28 y su pasivo ascendía a más de Q1 mil 166 millones 232 mil 826.34.
Es decir, que la SIB suspendió una sociedad con más activos que pasivos. “Llama la atención que en alguna parte de la resolución para suspender la financiera es que no se aceptan las acciones por US$26 millones, pero se quedan con ellas”, añadió Ordóñez.
Accionan legalmente
El Grupo Financiero de Occidente dio a conocer hoy que accionaron legalmente contra la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos (SIB), luego de que en diciembre de 2019 estas instancias suspendieron sus operaciones.
Los representantes de la financiera señalan que la Junta Monetaria y la SIB, irrespetaron el derecho de defensa de la entidad. Aseguraron que estas instancias no resolvieron un recurso de reposición interpuesto, por lo que ahora piden a la Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia que se resuelva ese recurso.
Ordóñez indicó que se presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia para que la SIB conozca su defensa, la cual sin razón fue archivada por el titular de la Superintendencia, Erick Vargas, aunque él fue auditor del grupo financiero.
De acuerdo con los documentos que presentaron los ejecutivos, se violaron procedimientos para haber tomado esa decisión, lo cual afectó a accionistas y empleados.
Leyes Violentadas
Según representantes de Fidosa, la decisión de la SIB y la Junta Monetaria violenta las siguientes leyes:
Ley de Bancos y Grupos Financieros, artículo 54
Reglamento para la Adquisición de Acciones de Bancos, artículo 6 y 8.
Código de Comercio, artículo 203 y 238.
Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 132.
La Superintendencia de Bancos aún no ha emitido su postura por los señalamientos del Grupo Financiero de Occidente.