La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo al Consorcio Autopistas de Guatemala y a Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE) para que el Congreso vuelva a conocer la iniciativa de ley para otorgar en concesión la carretera de Escuintla a Puerto Quetzal.
El tribunal se integró por los magistrados titulares: Gloria Porras, José de Mata Vela, Dina Ochoa, Bonerge Mejía y el suplente José Mynor Par Usen.
Las entidades aludidas indicaron que hubo irregularidades en la votación, debido a que el exlegislador Oliverio García Rodas señaló que no había cuórum, ya que si bien estaban marcados 82 diputados, físicamente se encontraban en el hemiciclo menos de 80 parlamentarios.
DE QUÉ TRATA EL PROYECTO
Se trata de una alianza público-privada para rehabilitar 41 kilómetros de carretera, el cual fue adjudicado en julio de 2018 y en octubre de ese año pasó al Congreso para su aval, lo cual no ocurrió en 2019.
Dentro del dictamen de la sala legislativa se establecía que se exoneraría a los vecinos que residen sobre la vía del 75 por ciento del peaje, aspecto que no se contemplaba en el proyecto original. También se incluyó que el Ministerio de Comunicaciones estaba obligado a mantener en buenas condiciones la ruta alterna de Masagua a Puerto San José.
Con el proyecto buscaban generar 1,700 empleos durante la fase de preconstrucción y construcción y 400 en la de operación.
CONGRESO VOTÓ EN CONTRA EN 2019
En 2019, 32 diputados votaron a favor, 50 en contra y 76 estuvieron ausentes, así el Congreso sepultó el proyecto de ANADIE, para la rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje. El proyecto tenía un costo de inversión de US$80 millones.
El entonces diputado, Oliverio García Rodas señaló que había una ilegalidad ya que no había cuórum necesario para entrar a votar.
El proyecto contaba con el apoyo de la Millennium Challenge Corporation (MCC), una agencia de Estados Unidos para el desarrollo de proyectos en países pobres y en vías de desarrollo, la cual envió una carta en la que daba como ultimátum el 31 de octubre de 2019 para que el Congreso aprobara la obra de Puerto Quetzal o de lo contrario retiraría el apoyo.
René Muñoz, director de asuntos corporativos de Convía, empresa que iba a ejecutar el proyecto, mencionó en aquel momento: “No era una privatización, sino una alianza en la que el Estado da el derecho de vía, porque la carretera no existe, y el privado está obligado a invertir para hacer una autopista, operarla, mantenerla y en 25 años entregarla a Guatemala de vuelta”.
Los diputados que en su momento votaron en contra, aseguraron que el proyecto, era más bien perjudicial para los “más pobres” que no pueden pagar un peaje diario, semanal o mensual.
Ante el fallo de la CC, el Congreso tendrá que agendar nuevamente en la sesión inmediata siguiente para que se discuta en tercer debate esa iniciativa de ley denominada “Rehabilitación, Administración, Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con Cobro de Peaje”.
También fija un plazo de 15 días para cumplir con esa orden después de la ejecutoria de la sentencia, de lo contrario, podría imponerle una multa de Q2 mil a cada diputado más responsabilidades civiles y penales.