Estuardo Gálvez y los Q12 millones faltantes en la USAC imagen

Hoy, luego de haber facilitado la sustracción de Q12 millones de fondos de la USAC, la mancuerna de Gálvez y De Mata Vela esperaba volver a reunirse en la Corte de Constitucionalidad.

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El ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Estuardo Gálvez, esperaba ser electo como magistrado de la Corte de Constitucionalidad en representación del Colegio de Abogados, pero una de decisión del juzgado Sexto Civil ha ordenado se suspenda la elección que estaba prevista para el lunes. Con esto, y el hecho del que el Ministerio Público ha dicho que Gálvez no es idóneo para ocupar el cargo, Las aspiraciones del ex rector de la USAC se han visto truncadas. A la negativa del juzgado se suma también una investigación, en manos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que ha desempolvado un millonario caso de corrupción ligado al ex rector y un magistrado de la CC. Así trabajaron Estuardo Gálvez y presuntamente Francisco de Mata Vela para sustraer Q12 millones de la Universidad de San Carlos.

Corría el 2014 y la demanda por una educación superior en el área de medicina en el occidente del país iba en aumento. Con pocos espacios disponibles y fondos propios de la USAC, el Consejo Superior Universitario aprobó la construcción de un edificio para clínicas, laboratorios y aulas puras para las escuelas de Medicina y Odontología del Centro Universitario de Occidente (CUNOC), en la ciudad de Quetzaltenango. De acuerdo con el Número de Operación en Guatecompras (NOG) 2990768 la publicación para la licitación publica se dio el 27 de noviembre de 2013. Y la recepción de ofertas concluiría el 7 de enero de 2014 a las 10.30 de la mañana.

Para la construcción del edificio, dicho consejo aprobó la inversión de Q64 millones 120 mil 730 con 37 centavos, misma que fue avalada por el entonces rector Estuardo Gálvez. La empresa ganadora fue la Compañía de Obras Civiles COCISA, la cual para esta fecha ha recibido contratos por Q714 millones 549 mil 992 de diversas entidades del Estado. Entre los que destaca la adjudicación de Q64 millones 120 mil 730 con 37 centavos de la USAC, con fecha 13 de febrero de 2014.

Cinco meses después de adjudicada la obra, la Contraloría General de Cuentas de la Nación, hizo sonar las alarmas en la “tri-centenaria”. De acuerdo con el oficio R.476-072014, de fecha 22 de julio, la construcción que aprobó Gálvez estaba plagada de irregularidades. Incluso en 2018, la propia USAC pidió una revisión de la contratación aprobada por Gálvez, según consta en el acta 10-2018 de fecha 16 de mayo de ese mismo año. Según el Consejo Superior Universitario, era importante aclarar cuales fueron los términos en que Gálvez habría aprobado el contrato con COCISA.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, la obra fue suspendida sin previo aviso. Y lo más grave, sostiene el informe, fue que en 5 meses solo contaba con un avance físico del 1.66 por ciento, cuando la USAC ya había pagado Q967 mil 630 y habría dado, además, un anticipo de Q11 millones 450 mil 190 con 42 centavos a la empresa constructora. De acuerdo con el informe, el millonario pago se habría efectuado mediante el cheque 093574, fechado 12 de junio de 2014, es decir un mes antes de que se suspendieran definitivamente los trabajos y el contrato con COCISA. Según el informe, “no se puede verificar la diferencia entre lo ejecutado (1.66 por ciento) y el resto del anticipo entregado (Q12 millones 417 mil 820 con 40 centavos) y que nunca fue devuelto a la USAC”.

Toda esta contratación y manejo irregular de fondos, se dio durante la gestión de Estuardo Gálvez como rector de la USAC y mientras Francisco de Mata Vela, actual magistrado de la CC, era su asesor jurídico. De acuerdo con el abogado Raúl Falla, De Mata Vela debió velar por los intereses de la USAC y no lo hizo. De acuerdo con el informe “No se cumplió con la Ley de Compras del Estado, pues los anticipos se debieron entregar conforme el avance físico de la obra, no como se hizo en el caso de COCISA”, sostiene. Además, al momento de suspenderse la obra, la USAC debió recibir de vuelta los fondos que le había entregado a la constructora, situación que no se dio, sostiene.

Del informe de la Contraloría se desprendió una denuncia publica en contra de los ex rectores Carlos Estuardo Gálvez y Carlos Alvarado Cerezo, además a Manfredo Chavarría Linares (coordinador administrativo financiero), Rolando Grajeda Tobar (Asesor), Mario Alex Velásquez (Coordinador Ejecutivo), Álvaro Folgar (Asesor Rectoría) y Henry Manuel Arriaga Contreras (Coordinador de Cooperación Internacional). Pero por alguna razón se dejo fuera a Francisco de Mata Vela, quien ahora es magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

Mas recientemente, el pasado 30 de diciembre, la FECI realizó allanamientos en la USAC con el fin de obtener documentación sobre el caso del edifico de CUNOC. Según la fiscalía el caso de corrupción involucra a varias personas ligadas a la USAC y evidencian la sustracción de fondos públicos. También en 2019 la extinta CICIG presentó 11 denuncias en contra funcionarios públicos, entre ellos el ex rector de la USAC, Estuardo Gálvez. Según la CICIG, Gálvez habría gestionado ante el Consejo Superior Universitario la realización de varios proyectos de obra gris y compra de terrenos con supuestas irregularidades.

“Él (Gálvez) no es idóneo, y va en contra de la ley de probidad pues ha cometido delitos en contra del patrimonio de la USAC. Se ha reunido con Gustavo Alejos, no entendemos como a él se le ha permitido participar”, Raúl Falla.

Luego de haber facilitado la sustracción de Q12 millones de fondos de la USAC, la mancuerna de Gálvez y De Mata Vela habría vuelto a reunirse en la Corte de Constitucionalidad, y conformar lo que el abogado Falla califica de una clica armada. Ahora Gálvez deberá responder por los Q12 millones de fondos faltantes de la USAC, y hasta su ex asesor jurídico podría tener que rendir cuentas por el millonario desfalco.

Para conocer la versión de Francisco de Mata Vela, Relato se comunico con la encargada de comunicación de la CC, Karen González, quien dijo que trasladaría la solicitud de información al magistrado, pero este no respondió a nuestro requerimiento.

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