La actual legislación establece que el Delito de Contrabando es una simple infracción económica si la mercancía incautada no supera los US$3,000.00; además los delincuentes podrán conservarla pagando los respectivos impuestos a la SAT.
Esta disposición violenta el marco legal y constitucional debido a que no observa ni leyes de salud ni ambientales.
La Ley se debe fortalecer para evitar que los criminales salgan impunes.
Un reciente proyecto analizado, “Ley para Combatir la Defraudación y el Contrabando Aduanero y Leyes Conexas” debe modificar su planteamiento, como está presentado solo favorezca a contrabandistas.
La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) y el Observatorio Contra el Contrabando (OCC) manifiestan su preocupación por la falta de acción en establecer una nueva legislación que fortalezca a las instituciones encargadas de compartir el contrabando (SAT, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Ejercito de Guatemala, Ministerio de Salud, ministerio de Agricultura, Procuraduría General de la Nación) y de certeza en la aplicación de la ley en los Tribunales Aduaneros.
“Hemos presentado observaciones desde hace varios años a la COINCON, a distintos presidentes de Comisiones del Congreso, respecto de la legislación vigente para hacerla más efectiva y evitar las inconsistencias con el marco legal. El delito de contrabando no puede ser considerado en ningún caso como infracción, esto atenta contra el derecho de los afectados que pierden económicamente por este ilícito, además que con esto se ignoran derechos fundamentales a la población como el trabajo y la salud” indicó Enrique Lacs, director ejecutivo de la CGAB y coordinador
a.i. del OCC.
Para un sector tan importante en la economía de Guatemala como el de alimentos y bebidas, que genera cerca de 100,000 empleos, y representa el 6.6% del Producto Interno Bruto del país (PIB), es injustificable lo mantener una legislación que admita prerrogativas a delincuentes, y exigen que la ley se reforme y que se manifieste claramente la voluntad del Estado por combatir el contrabando.
“El contrabando fomenta la corrupción, y por eso una reforma a legislación debe establecer que el contrabando es un problema de seguridad nacional, esto le dará más respaldo a las instituciones”, expresa Enrique Lacs.
Por tal razón, el OCC exige y exhorta al Gobierno de Guatemala que proteja el trabajo, inversión de empresas formales, al comercio legal; que pagan aranceles, tributos y cumple con todas las leyes sanitarias, ambientales, laborales requeridas a nivel nacional (para el consumo interno) como internacional (para la exportación de los productos fabricados en el país).
Se estima que el contrabando representa un ilícito de alrededor de Q. 25 mil millones en perdidas a la economía, y un fuerte impacto que merma la recaudación tributaria.
Gobierno inexplicablemente no reforma la ley para proteger al guatemalteco
De acuerdo con el análisis del OCC, varias disposiciones de la actual legislación y algunas propuestas analizadas para reformarla pueden ser contrarias a la Constitución de la República y contra los derechos básicos de la población.
Mantener el status quo de la legislación vigente o no reformarla, solo “suaviza” el delito y la pena, y favorece a los criminales contrabandistas y las organizaciones delincuenciales a que actúen con impunidad.
En la Política Nacional de Combate a la Defraudación aduanera y Contrabando, elaborada y aprobada por COINCON, se indica claramente que la ley es inoperante y obsoleta y que no permite que las instancias judiciales procedan a su correcta aplicación según el marco legal y constitucional del país.
Proyecto no toma en cuenta la salud de los guatemaltecos
En un reciente proyecto de reforma “Ley para Combatir la Defraudación y el Contrabando Aduanero y Leyes Conexas” deja también un vacío peligroso que podría afectar a la salud de los guatemaltecos que consumen productos de contrabando, debido a que se están violando leyes en materias de salud e inocuidad de alimentos, las cuales están vigentes en Guatemala.
Esto debido a que, para el sector de alimentos y bebidas de Guatemala, resolver delitos de contrabando mediante el pago de una multa administrativa impuesta por la SAT, no exime la violación de las leyes que protegen la salud y la inocuidad de los productos alimenticios de origen animal, vegetal, y procesados, que ingresan de contrabando, o la afectación al ambiente de otras mercancías y prácticas de los contrabandistas.
Además de esto, este proyecto no asigna recursos necesarios para movilizar operativos, fortalecer las fronteras que son violadas constantemente por los contrabandistas, medios para el almacenamiento, desnaturalización o disposición del producto de contrabando, para su destrucción. Fortalecer a las instituciones con recursos necesarios ha sido una reiterada solicitud del OCC.
“El proyecto de Ley debe garantizar un Fondo para el almacenamiento, desnaturalización o disposición del producto de contrabando, el cual podría financiarse por medio de la Ley de Extinción de Dominio y la coordinación entre la SAT, el MSPAS y el MAGA para dicho fin. Urgimos a las entidades de estado que analizan estas reformas a considerar nuestras observaciones dentro las propuestas, toda vez que somos las empresas guatemaltecas de la industria y agroindustria de alimentos y bebidas, de las más afectadas por el Delito de Contrabando, flagelo que nos afecta con la pérdida de mercado, de Empleos formales,, se ha una competencia desleal y desmotivación a la inversión en Guatemala”, aseveró Luis Mazariegos, Director de la CGAB.
Conclusión
Por lo tanto, el OCC y la CGAB hacen un nuevo llamado al Gobierno de Guatemala para que:
El delito de contrabando debe de permanecer como tal, y de ninguna manera puede ser sancionado como “infracción”.
Las leyes de salud no pueden ser obviadas del proyecto de “Ley para Combatir la Defraudación y el Contrabando Aduanero y Leyes Conexas” ya que no tiene sentido el pago de una multa, cuando los productos deben cumplir con disposiciones de control de salud.
La CGBA y el OCC esperan más voluntad del Gobierno de Guatemala, para proteger a las empresas guatemaltecas de la industria y agroindustria de alimentos y bebidas, afectados por el delito de contrabando, lo cual puede generar grandes impactos a nivel macroeconómico debido a la pérdida de mercado, pérdida de empleos formales, y a la competencia desleal y la desmotivación a la inversión económica en Guatemala.