El Congreso de la República, en una sesión maratónica, aprobó la ley para proteger a las personas de los efectos que está ocasionando la pandemia de COVID-19 en el país. Los legisladores también conocieron, entre otras propuestas, la ratificación del toque de queda y la ampliación del estado de Calamidad Pública; asimismo, aprobaron dos préstamos por US$450 millones con el decreto 12-2020.
Uno de los artículos que más ha llamado la atención de este proyecto ha sido el 13, pues en el mismo se destinan Q400 millones para apoyar a las micro, pequeña y mediana empresa (MiPymes), pero lo que ha causado dudas es que también autorizaron que con esos créditos pueden ser beneficiadas las personas políticamente expuestas, lo que quiere decir: los que son empleados o tienen familiares trabajando en el gobierno.
Quiénes pueden ser esas personas expuestas políticamente
Son aquellas que desempeñan o hayan desempeñado un cargo público relevante en Guatemala o en otro lugar, quien tiene o se le ha confiado un trabajo en una organización internacional; asimismo, los dirigentes de partidos políticos también figuran dentro de esas personas.
Dentro de ese conjunto están el presidente y vicepresidente de la República, ministros, diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Fiscal General y Jefe del Ministerio Público; jefes de fiscalías, Contralor General de Cuentas, Procurador General de la Nación, Superintendente de Administración Tributaria, y poco más de 500 funcionarios del Estado, según la SIB.
Pero este podría ser un error, dejar la puerta abierta
Para el analista de CABI, Paulo de León, este es un error porque el banco no se podría dar abasto.
“El CHN no tiene la capacidad de instrumentalizar créditos en un corto plazo, no es un banco grande; entonces, imagínese que vienen la otra semana con 1,500 solicitudes de créditos y ellos no tienen la cantidad de oficiales para atender eso”. – Paulo de León, CABI.
Sin embargo, podría no ser la mejor medida porque el banco podría colapsar, según Alejandro Mendoza, analista económico.
“Esto es dejar una puerta abierta para que colapse el CHN, porque de tantas personas que podrían solicitar estos créditos terminarían colapsando. Esta normativa podría ser aprovechada en medio de esta crisis y ese no debería ser el fin”. – Alejandro Mendoza, analista económico.
Mendoza también señaló que esta medida no es para ayudar a las empresas, pues ya tienen un fondo en el Ministerio de Economía, sino para que algunos funcionarios con empresas pequeñas puedan solicitar dicho crédito.
Saqueando al Estado en crisis
Esta normativa ya fue aprobada, pero ya varias personas han mostrado su rechazo. El analista económico Guillermo Corzo ha resaltado que este es un saqueo que se está haciendo.
“Esta es una burla. Lo que están haciendo los diputados es saquear al Estado con ese artículo 13, porque no es posible que en medio de la crisis aún estén sacando ventaja de ello; otorgarles créditos a las personas políticamente expuestas es seguir aprovechándose de la emergencia por el COVID-19”. – Guillermo Corzo, analista económico.
La ley fue aprobada en una sesión que duró más de 12 horas continuas.