A poco más de una semana de haberse realizado en Nicaragua unas elecciones consideradas como ilegítimas, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido aplicaron sanciones individuales a operadores políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este quince de noviembre el Departamento del Tesoro estadounidense incluyó en la lista de sanciones a alcaldes, diplomáticos, ministros y funcionarios. También fue sancionado el Ministerio Público, una de las instituciones que en los últimos meses ha sido de las más represivas, por fabricar casos contra opositores y aspirantes a la presidencia.
Los nuevos sanciones son: José Antonio Castañeda Méndez, presidente del Consejo de Dirección del Instituto Nicaragüense de Energía (INE); Leonidas Nicolas Centeno Rivera, alcalde de Jinotega; Sadrach Zeledón Rocha, alcalde Matagalpa; Francisco Ramón Valenzuela Blandón, alcalde de Estelí; Rodolfo Francisco López Gutiérrez, gerente del Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) de Nicaragua; Jose Adrian Chavarría Montenegro, viceministro general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Mohamed Mohamed Farrara Lasthar, sobrino del exdictador de Libia, Muammar Gadafi.
Este lunes 15, Reino Unido y Canadá también sancionaron, por su parte, a otros funcionarios del régimen. Minutos después del anuncio del Departamento del Tesoro de EE. UU., Londrés aplicó medidas contra el círculo de hierro de los Ortega-Murillo, incluída la misma vicepresidenta. Además, la Oficina Financiera de Implementación de Sanciones agregó a su lista al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y la presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos y la fiscal general Ana Julia Guido. Así lo contó Confidencial.
Las sanciones en el país son vistas como una de las respuesta de la comunidad internacional ante la escalada represiva y la instauración de un partido. Uno de los aspectos que más se destaca en este nuevo paquete de sanciones es la medida adoptada contra el Ministerio Público. Artículo 66 informó que el Departamento del Tesoro tildó a dicha institución de ser “la responsable o cómplice o por haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua”.
La fiscal general Ana Julia Guido fue sancionada por EE. UU. en 2018. La Fiscalía nicaragüense ha fabricado una serie de casos contra periodistas, opositores y aspirantes a la presidencia. Entre junio y agosto de este año fueron citados decenas de periodistas para comparecer ante un supuesto caso de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuya exdirectora, la aspirante Cristiana Chamorro, fue encarcelada.
Las primeras reacciones de los sancionados no se hicieron esperar. Esta mañana del 16 de noviembre, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, convocó para el martes 23 a una sesión extraordinaria con el fin de rechazar las “acciones injerencistas” de la Organización de Estados Americanos (OEA). Porras, sancionado por EE. UU. y recientemente por el Reino Unido, aseguró que solicitará a Ortega que denuncie públicamente la aplicación de la Carta Democrática. Toda la información ampliada en 100% Noticias.
Para terminar la jornada, Despacho 505 reveló que la Unión Europea estaría preparando sus propias sanciones contra el régimen. Dicho organismo tiene en agenda la aplicación de nuevas medidas punitivas. “Será una continuidad de lo que tratamos en el anterior Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores. En esta ocasión iniciaremos y pondremos en marcha el proceso de sanciones individuales con respecto a algunos ciudadanos nicaragüenses”, dijo José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España a su llegada a Bruselas.
El 13 de agosto, el organismo sancionó a Murillo y a su hijo Juan Carlos Ortega. Funcionarios dijeron al medio que se estaría contemplando una tercera ronda de sancionados.