Llegaron con palos y tambos llenos de combustible. Con actitud demandante y sin tapujos les dijeron: “Se tienen que ir o los quemamos”. Así, algunos de los comunitarios en Monterrico han tomado el control de uno de los destinos turísticos más importantes de la costa sur.
La llegada de la pandemia a Guatemala ha golpeado la economía del país y los efectos de la ingobernabilidad comienzan a tomar fuerza. En San Marcos, Retalhuleu, Mazatenango, Sololá, Escuintla y ahora Santa Rosa los grupos organizados encontraron en el cobro de extorsiones una forma de subsistir. Cobran entre Q50 y Q100 para levantar una plumilla y dejar pasar. Otros, piden víveres y suministros a los dueños de casas de descanso, a cambio de permitirles el acceso y en otros casos “de no hacerles daño”.
En la comunidad de La Curvina, Monterrico, hoy se repite el modelo de cobro por permitir el acceso. De acuerdo con José Toledo, abogado que conoce de casos similares en Linda Mar, estos son una extorsión. “Nadie puede cobrar por dejar pasar y mucho menos bloquear los accesos, pues esto es una violación al derecho de la libre locomoción”.
Propietarios de viviendas en La Curvina se cansaron de los abusos. “Desde que obligaron a una vecina a salir de su casa, bajo amenazas de muerte, sabíamos que teníamos que hacer algo”, asegura un propietario.
Inicialmente, un grupo de al menos 30 dueños comenzaron a darse cuenta de la situación. “Todo empezó desde la garita Chapina (cerca de la frontera con El Salvador), en Las Lisas y llegaba hasta Sipacate”. Allí los comunitarios comenzaron a cerrar las calles y a negar el paso. “Pedían víveres, lo cual es comprensible por la crisis, pero de eso pasaron a pedir dinero y amenazar con quemar las casas”, recuerda Arturo P., propietario.
De a poco se fueron abriendo las calles y en Escuintla ya se están tomando medidas para corregir la situación. Pero, ahora en Santa Rosa, la cosa, lejos de mejorar, cada día empeora, aseguran los residentes.
Primero buscaron ayuda con la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a donde el pasado 11 de agosto presentaron una denuncia en contra de las acciones de los comunitarios. Semanas antes, también buscaron el apoyo de los alcaldes de Taxisco y Chiquimulillla, pero los esfuerzos de los jefes ediles de poco o nada sirvieron. “Parecía que los alcaldes tenían más miedo de corregir la situación que nosotros de enfrentarnos a los comunitarios”, asegura Arturo P.
Las cosas en Monterrico, una comunidad donde el turismo es la principal fuente de ingresos, cambiaron a mediados del año pasado, aseguran algunos vecinos. “Acá comenzó a venir gente de otro lado y empezaron a hablar de tomar el control y de cómo éramos explotados por los ricos que tienen sus grandes casas para descansar”, asegura Dorotea, vecina de la localidad.
“Aquí lo que hemos tenido es trabajo, mi hija, mi esposo y yo cuidamos uno de los chalets y cada mes nos pagan”, aseguró Tea.
Pero, la llegada de los extraños comenzó a poner inquieta a la gente. Dorotea sabe que los recién llegados son de “esa agrupación que le gusta robar luz, el CODECA que le dicen”. Y desde su llegada han buscado organizar a las personas y generar apoyos en el lugar. “Hasta dicen cómo tenemos que hablarles a los dueños para que nos respeten y no abusen”, aseguró.
A cambio de esta instrucción, asegura otro propietario, Rolando M., les cobran. “El guardián de mi casa, con quien he trabajado desde hace 15 años, me contó que les piden dinero y que les dejen controlar las talanqueras donde se paga la extorsión”. Y más recientemente, como la afluencia de visitantes es mínima, se han hecho cargo de la recepción de víveres que luego supuestamente reparten a las comunidades. Sin embargo, esto no es del todo cierto, asegura Rolando, pues la entrega de comida se condiciona a incorporarse al movimiento radical.
“Mire lo de la comida no es tan así, pues desde que comenzó la pandemia nosotros como propietarios hemos llevado alimentos a las personas y ahora esta gente quiere que se las demos directamente a ellos para repartirla”, Rolando M.
Según algunos propietarios y vecinos de la localidad, la situación en Monterrico ha llegado a niveles extremos. Por un lado, se corrompió la distribución de ayudas, se limita el acceso y ahora hasta los mismos negocios tratan de sacar provecho de la crisis. “Sabemos de restaurantes y hoteles que simulan la contratación de personal para recibir aportes del gobierno, pero luego de tener el beneficio los despiden”, sostienen.
“Aparentemente se han prestado comedores y hoteles de segunda categoría, donde simulan contrataciones y luego de recibir la ayuda los cesan”, Arturo P.
Algunos vecinos y propietarios se han sumado a la lucha en contra de los abusos en Monterrico. Incluso se ha contratado un abogado para manejar el tema legal y poder corregir la situación. El más reciente caso se registró el pasado miércoles, cuando un propietario llegó a darle mantenimiento a su casa y junto a personal de OCRET les fue negado el acceso.
El paraíso turístico de Monterrico está al borde del colapso, los centros vacacionales enfrentan la peor crisis económica y sus habitantes la manipulación y falta de atención de las autoridades.