La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) y el Observatorio Contra el Contrabando (OCC) siguen pidiendo más control contra el flagelo del contrabando y explican que el Presupuesto General del Estado limita acciones en esta lucha. Por ello, hacen un llamado público para visibilizar la millonaria problemática que no debe pasarse por alto.
El contrabando es una competencia desleal para las empresas que sí pagan impuestos, invierten en el país y brindan empleo, especialmente en tiempos de recuperación económica y de necesarios ingresos tributarios.
La defraudación aduanera es toda acción u omisión por medio de la cual se evade dolosamente y con fines mezquinos, el pago de los tributos del régimen aduanero.
Ambas acciones son robos, planeados y descarados, a la sociedad guatemalteca.
Reforzar los entes específicos
Durante el 2020 la Fiscalía de Delitos Contra el Contrabando y Defraudación Aduanera operó con un presupuesto de Q1 millón 200 mil, lo cual es insuficiente comparado con lo que el país deja de percibir en impuestos a causa del contrabando. Esto, según cifras de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), sería de unos Q17 mil millones en mercadería de contrabando, que el Estado deja de percibir.
Desde su creación, esta fiscalía ha recibido 195 denuncias. Solo en este año ha recibido 170 denuncias, de las cuales ha resuelto 74 mediante consensos con los acusados (quienes accedieron a pagar impuestos, multas e intereses). La pregunta que surge es ¿será suficiente castigo aceptar pagar los impuestos y las multas?
Las denuncias más comunes que se presentan corresponden a defraudación aduanera o contrabando. En teoría, las primeras se resuelven con el pago de impuestos e intereses, pero las de contrabando requieren de más recursos para investigar y elaborar los expedientes que luego se conducen a los tribunales respectivos. Sin embargo, ni las denuncias ni el trabajo posterior son suficientes, por tanto, es preciso reforzar la institucionalidad para poder atacar a las megaestructuras criminales que, diariamente, roban miles de quetzales del erario.
Una acción es darle seguimiento a una denuncia, otra muy diferente es castigar a los delincuentes tras los delitos recurrentes. Realmente, no se sabe si estos 195 casos han tenido algún nivel de efectividad. “Se desconoce exactamente cómo esas denuncias han sido tratadas y cuántas están hoy presentadas y procesándose en los tribunales especializados contra el contrabando”, indica Enrique Lacs, director ejecutivo de CGAB.
Los casos de contrabando no se deberían resolver con el simple pago de aranceles, pues el delincuente incurre en múltiples violaciones a distintas leyes. Actualmente, la legislación vigente contra el contrabando es ineficiente, pues en algunos casos fomenta el lícito, ya que en los casos que se procede conforme a ley, los jueces no resuelven de manera uniforme los casos que se les presentan, dejando ventanas de oportunidad para algunos.
Crímenes contra la salud
Las autoridades han confirmado que la mayor cantidad de producto ilegal ingresa por México, especialmente por los pasos ciegos de las fronteras. Sin embargo, debido a la porosidad de las fronteras con otros países, también ingresa mercadería de contrabando desde El Salvador, Honduras y Belice.
Según Luis Mazariegos, de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas: “La fiscalía necesita de personal y recursos para continuar la tarea de persecución de los delitos de contrabando y defraudación aduanera, ya que a la par de estos delitos hay otros conexos como la contravención de medidas sanitarias”.
El ingreso de productos alimentos que no tiene un registro sanitario en Guatemala ni inspección de las autoridades nacionales sobre su procedencia, procesamiento y registro es otro delito que viene de la mano con el contrabando. El ingreso de mercadería sin registro sanitario pone en peligro la vida de los guatemaltecos.
Diariamente ingresan al país huevos en estado de descomposición, medicamentos adulterados o falsificados y alimentos que ya están con fecha de caducidad. Además, de Lavado de Dinero y Asociación Ilícita, la fiscalía también conecta con cada uno de los casos de contrabando y defraudación con otros delitos. Se convierte entonces en un crimen de dinero y en un atentado contra la salud pública.
Es urgente pues que la Fiscalía se refuerce con más personal y fondos para funcionar correctamente y cuidar del erario, también, indirectamente de la salud.
¿Cuáles son los productos más contrabandeados?
Son las bebidas alcohólicas, abarrotes, yogur, maíz, cigarrillos, galletas, cereales e inclusive gasolina. Sin embargo, cada día, cada hora, pasan cantidades de artículos sin ser decomisados, ni detectados.
OCC y CGAB ve con buenos ojos el fortalecimiento institucional. Las autoridades coinciden que el contrabando debe ser abordado de manera integral por el Estado, para fortalecer el intercambio de información entre las instituciones nacionales y de seguridad de los países con los que Guatemala tiene fronteras, para ser más asertivos con la implementación de estrategias que detengan estos delitos.
Pero, el llamado es más profundo, la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas señala que es urgente un incremento al presupuesto de esta Fiscalía, ya que solo durante el 2020 se incautó mercadería de contrabando valorada en Q14 millones.
Llamado urgente
Tanto CGAB como OCC se unen para hacer un llamado a la Fiscal General y a los diputados para que puedan, en estas discusiones que llevan actualmente, considerar el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada Contra el Contrabando.
Tal como explica Lacs: “Sin las instituciones que combaten el contrabando fortalecidas, vamos a seguir a merced de estas redes criminales y de contrabandistas que se han apoderado del mercado y de las estructuras. Han corrompido instituciones y funcionarios”, por ello el llamado es público y urgente.
Ministerio Público debe tener presencia
Según Mazariegos el Ministerio Público también debe colocar mayor atención a la lucha contra el contrabando. “Al momento de encontrar mercadería ilícita debe generar las acciones para procesar a los involucrados del delito y para esto se requiere de personal de turnos (24 horas), traslados y transporte y toda la logística e infraestructura que el MP necesita para los peritajes de cada uno de los casos. Por lo tanto, el llamado es para el Estado y al Congreso de la República para que aporten los recursos a la Fiscalía de Contrabando y Defraudación aduanera para que ejerzan una función efectiva en el combate al contrabando.
La SAT indica que, hasta julio de 2020, se han incautado Q110 millones en mercaderías y Q198 millones en ajustes de aduanas contra la defraudación (datos calculados únicamente dentro de aduanas). Solo en este año se han dejado de percibir unos Q2 mil 500 millones por defraudación aduanera.
